Según la Comisión Europea, "las autoridades y organizaciones de protección de los consumidores de la UE han recibido un creciente número de denuncias de consumidores que han sido víctimas de fraude o estafa al utilizar sitios web de los medios de comunicación social, o han sido sometidos a condiciones de utilización que no respetan el derecho de los consumidores de la UE".
Una aseveración que pone en el punto de mira a Facebook, Twitter o Google, entre otras, a las que Bruselas insta a tener "una mayor responsabilidad a la hora de hacer frente a las estafas y fraudes que se cometen en sus plataformas", en boca de la comisaria Vera Jourová.
Básicamente lo que pretende el organismo europeo es que revisen sus condiciones de uso y las adapten a la normativa comunitaria, que desde Bruselas consideran que permitiría poner coto a los fraudes y condiciones abusivas de este tipo de plataformas.
La comisaria también ha denunciado que el usuario está atado de manos porque "no es aceptable que los consumidores de la Unión Europea sólo puedan acudir a un tribunal de California para resolver un litigio".
Según un comunicado emitido por la Comisión Europea, si en el plazo de un mes no se ha cumplido con estos requerimientos, el ente se reserva el derecho de comenzar a utilizar medidas coercitivas.
Llueve sobre mojado
Las autoridades de protección de los consumidores de la UE, bajo el liderazgo de su homónima francesa y con el apoyo de la Comisión Europea, ya remitieron una carta a Facebook, Twitter y Google+ el pasado mes de noviembre en la que les pedían que abordasen estos dos ámbitos de preocupación.
El 16 de marzo, las autoridades de protección de los consumidores de la UE y la Comisión Europea se reunieron con estas empresas para conocer y debatir las soluciones que proponían. Estas empresas finalizarán medidas detalladas sobre la forma de cumplir con el marco reglamentario de la UE en el plazo de un mes. La Comisión y las autoridades de protección de los consumidores examinarán las propuestas definitivas. Si no son satisfactorias, las autoridades de protección de los consumidores podrían recurrir, como ya hemos dicho, en última instancia a medidas coercitivas.
