El Ayuntamiento de Móstoles se quedó sin el tren que debía unir la localidad madrileña con la de Navalcarnero, y ahora puede quedarse fuera del proceso que investiga aquella adjudicación.
El empresario Javier López Madrid ha requerido al juez Manuel García-Castellón, al frente del caso Lezo, que retire la condición de acusación particular al Ayuntamiento de Móstoles en la pieza en la que se investigan presuntos delitos cometidos en la adjudicación de la obra ferroviaria que debía unir la localidad madrileña con la de Navalcarnero.
El juez de la Audiencia Nacional investiga el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación, en el año 2007, del contrato para la construcción y posterior concesión de la Línea de Ferrocarril que había de unir Móstoles y Navalcarnero. López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, el grupo que se adjudicó aquella obra, forma parte de los investigados.
El Ayuntamiento de Móstoles se comprometió a inyectar 50 millones al proyecto ferroviario, pero nunca llegó a depositar cantidad alguna
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre, y el Ayuntamiento de Móstoles firmaron un convenio en marzo de 2006 para financiar la construcción de la nueva línea ferroviaria, con un presupuesto cercano a los 400 millones de euros. Móstoles se comprometió a aportar 50 millones de euros al proyecto, que fue adjudicado a OHL en octubre de 2007.
Sin embargo, tres años después, el proyecto descarriló, la empresa a cargo de la edificación, Cemonasa, creada por OHL, quebró, la obra quedó abandonada. Móstoles se quedó sin el tren a Navalcarnero.
En diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Móstoles se personó como acusación particular en el caso Lezo, al destaparse las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la obra del tren, sosteniendo que había sido parte perjudicada al haber firmado ese compromiso de aportar 50 millones de euros.
La defensa de López Madrid advierte que el silencio del Ayuntamiento de Móstoles atenta contra la buena fe procesal
A dicha petición no se opuso el Ministerio Fiscal, y el juez admitió la personación del ayuntamiento como acusación particular, solo en la pieza del caso Lezo en la que se investiga la adjudicación de la obra ferroviaria, en enero de 2018.
Pero ahora López Madrid llama la atención del magistrado advirtiendo que, en realidad, Móstoles nunca llegó a poner sobre la mesa esos 50 millones de euros.
Sentencia y silencio
En un escrito presentado recientemente ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la representación legal de Javier López Madrid asegura que el Ayuntamiento de Móstoles incumplió el convenio y que no depositó cantidad alguna.
Los abogados del empresario, presidente del grupo Ferroglobe, explican que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de marzo de 2018, ya hizo constar que el Ayuntamiento de Móstoles había reconocido el incumplimiento de su obligación de aportar los 50 millones comprometidos.
Ese procedimiento sobre el que dictó sentencia la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respondía a las reclamaciones millonarias de indemnización que la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Cristina Cifuentes, presentó contra Cemonasa, la filial de OHL a cargo del proyecto ferroviario.
La sentencia del tribunal madrileño, advierten los abogados de López Madrid al juez García Castellón, es perfectamente conocida por el Ayuntamiento de Móstoles, como también conoce que el recurso presentado ante el Tribunal Supremo fue inadmitido.
La defensa de López Madrid advierte ahora que el silencio mantenido por el Ayuntamiento de Móstoles al respecto, sobre el hecho de que en realidad no había perdido 50 millones de euros, atenta contra la buena fe procesal, y reclama que el consistorio sea expulsado del procedimiento. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Móstoles que, de momento, prefiere no pronunciarse.
