Las costas canarias son el escenario de una presión migratoria de escasos precedentes: miles de personas desembarcan en territorio insular y los centros de acogida hace tiempo que superaron todos sus máximos. Además de las consecuencias humanitarias, la crisis amenaza con enturbiar la relación entre los partidos y los ministros que integran el Gobierno de coalición. Pese a todo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aún no contempla recurrir a medidas más contundentes, como aplicar la ley de Seguridad Nacional para potenciar una mayor coordinación entre las administraciones implicadas.
Esta norma permitiría al Ejecutivo convertirse en "autoridad funcional" para dirigir las acciones que procedan "en materia de seguridad y orden público" ante una situación de interés para la nación. Pero Moncloa no lo ve "oportuno".
Así consta en un documento escrito que el Gobierno remitió hace tres semanas al Grupo Parlamentario Vox: "A la luz de lo que establece la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, en la situación actual no parece oportuno declarar la Situación de Interés Nacional para la prevención de la inmigración irregular". La carta -a la que ha tenido acceso Vozpópuli- está sellada el 28 de octubre de 2020, hace tres semanas y media, cuando la crisis migratoria comenzaba a adquirir el alcance que ahora desborda a la Administración.
Coordinación reforzada
La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional permite al Gobierno tomar las riendas ante una determinada crisis y "facilitar" la coordinación entre los diferentes órganos y ministerios implicados. O lo que es lo mismo, potenciar una "coordinación reforzada" de las autoridades competentes ante episodios destacados por la "gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución".
"La gestión de crisis es el conjunto ordinario de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios", detalla la norma.
Obliga a aportar medios
La ley no implica que el Ejecutivo asuma competencias de las comunidades. Aunque puede obligar a facilitar recursos materiales y humanos. "La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación", detalla el texto legislativo. Todo ello con una condición: el Gobierno deberá dar cuenta de las medidas adoptadas ante el Congreso de los Diputados.
Para poder declarar una situación de ese calibre -algo que delimitaría el Ejecutivo- deben justificarse de manera pormenorizada una serie de requisitos. Entre ellos, la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y posible prórroga y el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.
Tres semanas después de esa misiva, el Gobierno se enfrenta a una crisis que ya le ha obligado a recurrir al Ejército. Las Fuerzas Armadas han acondicionado varios acuartelamientos en desuso y los ha cedido a Interior para acoger a los inmigrantes que ya no encuentran espacio en los saturados centros de acogida. Como contó Vozpópuli, los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Luis Escrivá (Seguridad Social y Migraciones) mantuvieron recientemente una tensa reunión en la que trataron de buscar soluciones coordinadas ante esta situación.
Polvareda política
Una crisis que ha levantado una profunda polvareda política. Voces de Podemos han criticado a ministros del Gobierno -entre ellos, al propio Marlaska- por considerar inoportuna su gestión. También entre las filas de la oposición: el Partido Popular denuncia que la inmigración ilegal se multiplica en Canarias bajo los Gobiernos del PSOE; Vox, por su parte, exige un despliegue militar para frenar las rutas que explotan las mafias ilegales. Los de Abascal reclaman un bloqueo naval de la Armada para evitar "una nueva Lampedusa". "La barrera tiene que estar en las fronteras y no en Barajas", ha enfatizado este lunes el eurodiputado Jorge Buxadé.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, estalló la semana pasada contra el Gobierno durante la sesión de control. La diputada canaria preguntó al presidente, Pedro Sánchez, si necesitan ser un partido independentista y resucitar el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) para que el Ejecutivo "haga caso" a las islas. Y pidió la dimisión de Escrivá y Marlaska, algo que este último descartó.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario descartan por el momento esta medida. La Armada Española mantiene varias misiones permanentes de seguridad en la región, aunque sin un despliegue específico para hacer frente a la actual crisis. Cabe recordar, además, que España mantenía una fuerza marítima contra el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo en la llamada Operación Sophia de la Unión Europea; una misión que se desarmó por las diferencias de opiniones entre los países miembros, con fuertes críticas de la Italia de Matteo Salvini.
Origen de la ley
La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en 2015 gracias a los votos a favor de PP, PSOE y UPyD. Votaron en contra PNV, ERC, CiU, Amaiur y Esquerra Unida. A veces se confunde con la de Seguridad Ciudadana, que salió adelante ese mismo año, pero no tiene nada que ver.
España nunca ha aplicado esta ley. Pero sí se ha barajado. En 2017, el Gobierno del PP valoró echar mano de ella como alternativa, o paso previo, a la aplicación del artículo 155. Una corriente de ministros apostaba por recurrir a esta ley para controlar a los Mossos, a los funcionarios públicos e incluso sustituir a cargos políticos, en aras de reprimir la posible sedición.
La diferencia principal con el 155 es que este sí implica la intervención de competencias regionales. Mientras que la Ley de Seguridad Nacional requiere el nombramiento de una "autoridad funcional" y la "determinación de sus competencias" de coordinación, el 155 declara que "el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".
