La Comunidad Valenciana ha recibido en los últimos días el mayor número de banderas azules en España pero encara el verano con problemas de erosión en el litoral por el avance del mar y los efectos del cambio climático. Diferentes autoridades locales y autonómicas advierten a Vozpópuli que es urgente solucionar esta problemática creciente.
Los derribos programados en viviendas de primera línea, los aportes pendientes de arena y actuaciones regenerativas en el litoral están en el horizonte hasta el periodo estival. Son algunas de las cuestiones que van a determinar el futuro de la actividad turística en las tres provincias que pasa por ser uno de los principales motores económicos superando el 15% del PIB autonómico.
159 banderas
El total de 159 banderas azules conseguidas para este año en playas, puertos y embarcaciones turísticas premia la excelencia y calidad de los recursos turísticos, así como su respeto hacia el medio ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
La distribución de los galardones es de 138 que corresponden a las playas, 19 a los puertos y 2 a embarcaciones turísticas (87 corresponden a la provincia de Alicante, 39 a Valencia y 33 a Castellón), lo que da muestra de la diversidad en este ámbito con un litoral que recibe cada año a millones de turistas.
Derribo de viviendas
Las expectativas de futuro, sin embargo, son complicadas por la regresión de la línea terrestre frente al empuje del mar y eso está dejando viviendas históricas en una situación expuesta al derribo por entrar ya en los deslindes de la zona marítimo-terrestre que está protegida.
Esta misma semana la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido con alcaldes y concejales de los 16 municipios de la costa castellonense: Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncófar, Nules, Burriana, Almazora, Castellón de la Plana, Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Torreblanca, Alcalá de Xivert, Peñíscola, Benicarló y Vinaroz donde consiguieron fijar una posición común de defensa del litoral por encima de siglas partidistas.
Este encuentro ha permitido que en la reunión prevista el próximo día 23 con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se acuda con una "posición común" para exigir al Ministerio que lidera Teresa Ribera soluciones para proteger el litoral..
Las demandas son diversas como evitar la amenaza de expropiación de casas en Torre la Sal (Cabanes) o los derribos de casas en Moncófar, Nules, Xilxes o Vinaroz y que también se extienden a otros municipios de Valencia, como El Saler, Tavernes de la Valldigna, El Perelló o el Mareny de Barraquetes y también alicantinos como Guardamar del Segura, Denia, Elche o Santa Pola.
Los vecinos de casi 3.000 viviendas andan preocupados porque la regresión de la plataforma continental frente al mar está dejando sus casas en zonas protegidas y la Ley de Costas, que está tramitando el Gobierno en las Cortes, contempla los derribos de esos inmuebles.
Freno en el Senado
El Senado ha sido la primera barrera para aplazar esas órdenes de derribo con la modificación de la Ley de Costas para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre. Es un paréntesis porque la ley volverá al Congreso y esta modificación necesitará allí el apoyo de grupos que tradicionalmente apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez.
El avance del mar en playas como las de Burriana, Puzol, Canet d'en Berenguer o de municipios alicantinos es un hecho y las autoridades locales y autonómicas están demandado actuaciones por parte del Ministerio como las que se han llevado a cabo con aporte de arena en las playas del sur de Valencia.
Espigones y arrecifes, pendientes
Estas actuaciones de engrosar la línea de costa con arena, sin embargo, son parches porque los temporales marítimos acaban por 'arrancar' esa arena. Por ello, los alcaldes de los municipios afectados y el Gobierno valenciano reclaman la ejecución de espigones y de arrecifes artificiales que eviten que la línea marítima siga progresando hacia el interior de la tierra.
Son obras de regeneración y salvaguarda del litoral que están pendientes desde el año 2011 (sólo se han ejecutado 2 de las 61 previstas) que garantizarían la seguridad de las viviendas –algunas de las amenazadas están construidas desde los año 30– y también de infraestructuras como los paseos martítimos y establecimientos de hostelería al permitir ganar hasta 60 metros de anchura en la línea de playa.
La normativa autonómica
En paralelo, la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón tiene el trámite del reglamento de la nueva ley autonómica "muy avanzado" según aseguran a este medio fuentes autorizadas. Esta normativa comenzó a alumbrarse el pasado mes de noviembre para regular los usos en la franja litoral.
La consellera de Territorio, Salomé Pradas, adelantó en esa fecha que reclamará al Gobierno de España tener esa competencia, al igual que ya se tiene en la ordenación del territorio, y que ya ostentan otras Autonomías (algunas desde el año 2011) como es el caso de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña o Galicia.
Esta reglamentación autonómica es muy probable que acabe en una comisión "bilateral" con el Estado por la pugna por esas competencias.
Carlos Mazón, sin embargo, tiene claro que hay que seguir adelante porque como ha expresado reiteradamente sobre la situación que genera la actual Ley de Costas "si hay una ola en cinco años que llega a las casas, éstas se requisan y sin indemnización. Esto es una barbaridad y buscamos hacer una ley puente en desarrollo de nuestras competencias para evitar que estos desmanes se produzcan".
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