Según el informe publicado la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional, el PIB de la eurozona se contraerá este año un 8,3%, la mayor caída registrada desde la Segunda Guerra Mundial. La economía española retrocederá mucho más, un 12,8%, siendo según esta institución el país desarrollado (y el tercer país del mundo, hermanado con Venezuela curiosamente) más negativamente afectado por la pandemia. En estas circunstancias es apropiado e inevitable que el gasto público supere ampliamente el monto de ingresos públicos tanto este año como el siguiente.
Lo anterior, sin embargo, no justifica el principio que parece presidir la elaboración de los presupuestos para 2021: aumentar el gasto (y el déficit público) todo lo posible hasta que la consiguiente emisión de deuda soberana roce los niveles que pueda soportar el mercado.
Incluso en una coyuntura económica tan deprimida como la actual hay reglas y límites que la política fiscal expansiva no debe violar so pena de terminar resultando contraproducente. En primer lugar, los determinantes y la composición del aumento del gasto público (y de los ingresos públicos) son tan importantes cómo la magnitud de dicho aumento para superar satisfactoriamente la crisis económica. Por otra parte, los aumentos de déficit y deuda pública que hoy puedan aparentemente ser financiables sin grandes tensiones pueden dejar de serlo mañana. Veamos con algo más de detalle estas cuestiones.
Gasto transitorio o permanente
Una regla habitualmente eficaz para enjuiciar la bondad del aumento del gasto público y la sostenibilidad del incremento de deuda que dicho gasto pueda generar es su carácter transitorio o permanente. Esto es, si se trata de aumentos provocados directa o indirectamente por la caída del PIB que se irán disipando a medida que se recuperan los niveles precrisis del mismo o si, por el contrario, constituyen compromisos de gastos recurrentes que aumentarán permanentemente el gasto público.
El aumento del gasto en desempleo o el causado por los ERTEs o por las garantías estatales de los créditos ICO que puedan resultar fallidos pertenece a la primera categoría y están plenamente justificados. Como igualmente lo está el aumento del gasto sanitario acarreado por la pandemia.
También tienen esencialmente el mismo carácter transitorio las ayudas a sectores productivos o a Pymes y autónomos, así como los aumentos extraordinarios de la inversión pública que se puedan acometer para propulsar la recuperación económica, si bien en este último caso habría un incremento marginal del gasto público permanente por el importe necesario para mantener el nuevo stock de capital público creado.
Los aumentos de sueldos o de plantillas del personal público o los aumentos del gasto en pensiones inducidos por el ajuste de las mismas a la inflación, sin embargo, entrañan un aumento permanente del gasto público. Asimismo, en ausencia de reformas, la demografía expande el gasto público estructural en pensiones. Igualmente impulsan dicho gasto permanente los desembolsos originados por el ingreso mínimo vital y por la ampliación de la cobertura presupuestaria de las situaciones de dependencia.
Las subidas de impuestos contempladas por el Gobierno para el año próximo apenas aumentarán los ingresos permanentes, por debajo del 1% en el mejor de los casos
Idealmente, los aumentos de gasto permanente deberían ser compensados, al menos parcialmente, por recortes de otros gastos permanentes o por reformas que permitieran una mejora de la eficiencia del conjunto del gasto público por un importe similar al de esos aumentos. En todo caso, cuanto mayor sea el aumento del gasto público recurrente mayor será el aumento del déficit estructural y mayores serán por tanto los incrementos impositivos (o los recortes de gasto) futuros necesarios para restablecer el equilibrio presupuestario y asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Teniendo en cuenta que el déficit público estructural de nuestro país se situaba por encima del 3% a finales de 2019 y con toda seguridad superará el 4% este año, la ratificación de los nuevos compromisos de gasto estructural delineados en el avance de los presupuestos elevarán este déficit alarmantemente.
Las subidas de impuestos contempladas por el Gobierno para el año próximo apenas aumentarán los ingresos permanentes, por debajo del 1% en el mejor de los casos y (exceptuando las razonables subidas de impuestos indirectos) a costa de generar daños colaterales innecesarios por la deslocalización y las represalias comerciales asociadas con la tasa a las transacciones financieras y la tasa Google. Lo que nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad de la deuda o dicho de otro modo a la posibilidad de una crisis de deuda futura.
En las circunstancias actuales y previsibles para 2021 y, al menos, buena parte de 2022, dada la política monetaria del BCE y la potencial disponibilidad de fondos europeos, la crisis de deuda no está en el horizonte inmediato y así lo reflejan las primas de riesgo y la estructura de rendimientos de la deuda pública. Pero si finalmente se materializa un presupuesto con una subida intensa del ya de por sí elevado déficit estructural se empezarán a encender las alarmas en las agencias de calificación cuyo horizonte de análisis de la sostenibilidad de la deuda va más allá de los ejercicios señalados.
Se ha de tener en cuenta que dados los niveles de endeudamiento actuales y futuros de las AAPP y del sector privado, así como los ritmos de inflación previsibles, subidas relativamente pequeñas del coste de endeudamiento tendrían efectos negativos similares a los provocados por las fuertes subidas de dicho coste sufridas en la anterior recesión.
La situación se complicaría peligrosamente si, como ha sucedido estos últimos años, se produjeran desviaciones presupuestarias significativas o si las perspectivas de crecimiento de la economía española se rezagaran marcadamente del promedio de la eurozona. Y se agravaría aún más si la Comisión europea no valida el grueso de los proyectos de inversión pública realizados el próximo año, proyectos que inicialmente se pagarán con cargo al presupuesto y por tanto a la deuda española. La crisis se precipitaría finalmente si la disposición efectiva de buena parte de los fondos europeos se condiciona a reformas económicas que dichas agencias y los inversores institucionales del mercado de deuda consideren irrealizables por incompatibles con la ideología (y la supervivencia) de la actual coalición de Gobierno.
