El tribunal del 'caso Bankia' ha absuelto a Rodrigo Rato y a los 33 acusados al no encontrar indicios de delito de falsedad contable ni de estafa a inversores. La decisión, que ha sorprendido a la opinión pública, se basa en una sentencia de 442 páginas en las que desmonta por completo los argumentos del Ministerio Fiscal y se apoya, sobre todo, en el buen hacer de las instituciones supervisoras (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de los Valores).
La jueza Angela Murillo y su equipo vienen a decir que si todo el proceso de creación de Bankia y su posterior salida a Bolsa contó con el visto bueno de estas instituciones, es imposible decir que Rato actuara de mala fe o en beneficio propio.
Esta sentencia será mirada con lupa por las defensas del caso del Popular, pues guarda cierta similitud en el sentido de que se investiga si los directivos engañaron a los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros en 2016, un año antes de su resolución y posterior compra por el Banco Santander.
En el caso del Banco Popular, el juicio aún está en fase de instrucción, esto quiere decir que aún no se sabe si Ángel Ron y su equipo se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados. No obstante, lo que si queda claro es que en ambos juicios se ha contado con pruebas periciales realizadas por inspectores del Banco de España. Precisamente este es uno de los puntos más conflictivos, pues según las fuentes consultadas, los informes realizado en el caso del Popular son mucho menos exhaustivos que los que se realizó en Bankia.
Los peritos
Cabe destacar las numerosas ambigüedades o vaguedades en la pericial del Popular, en la que los peritos tildaban de valoraciones "muy optimista" en las hipótesis para calcular las estimaciones a diciembre de 2016 reflejadas en el folleto de la ampliación de capital.
Los peritos señalaron que les era "imposible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa subsistentes a diciembre de 2016, en especial la sobrevaloración de las tasaciones", pero consideraron, a su vez, que se puede tomar como máximos las perdidas cuantificadas en 2017, de 1.915 millones de euros, por las provisiones crediticias y adjudicados de 4.800 millones de euros.
A pesar de ello, explicaron que lo anterior no implica que el banco fuese "inviable", pero si era previsible que los accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencias impuestos por el Banco Central Europeo (BCE).
