Ciudadanos se va a enfrentar el próximo 9 de octubre al primer juicio en su historia por una decisión adoptada en uno de sus órganos internos. Concretamente, por los acuerdos de la reunión del Consejo General del 30 de noviembre del año pasado, en los que se aprobó la composición de la gestora y su reglamento hasta la celebración de la Asamblea General que, finalmente, fue en mayo por culpa del coronavirus y en la que Inés Arrimadas salió elegida presidenta.
Unos días después de aquella polémica reunión del Consejo General, el exafiliado naranja Antonio Álvarez presentó el 6 de diciembre una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Ciudadanos por entender que se habían vulnerado varios artículos de los estatutos.
La instrucción de la causa se ha llevado en absoluto secreto desde el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, ubicado en la zona de Plaza de Castilla y que dirige la juez Amaia Castaño. Dentro del partido sólo lo sabían unas pocas personas, hasta que hace unos quince días llegaron seis citaciones judiciales a la sede nacional de Ciudadanos a petición del demandante.
Estas citaciones estaban dirigidas a nombre de Manuel García Bofill, Andrés Betancor, Jesús Galiano, Fernando Sánchez-Contador, Fernando Navarro y José Luis Martínez, quienes tendrán que declarar en calidad de testigos, según supo Vozpópuli en exclusiva de fuentes solventes. Este periódico ha tenido acceso a una de las citaciones (leer abajo).
Bofill asumió la presidencia interina de Ciudadanos tras la dimisión de Albert Rivera un día después de la debacle en las elecciones del 10-N y siguió como presidente de la gestora hasta la celebración de las primarias naranjas y la posterior elección de Arrimadas en el citado congreso.
Por su parte, Betancor sigue siendo a día de hoy asesor en Ciudadanos para temas jurídicos, a pesar de la controversia sobre su puesto de miembro de la Junta Electoral Central (JEC) que fue desvelada por eldiario.es hace unos meses. En las últimas reuniones del Consejo General, sobre todo durante la gestora, tuvo un papel importante para aclarar dudas y quejas de algunos de sus miembros.
Tanto Galiano como Sánchez-Contador formaban parte de la Comisión de Garantías cuando se celebró la tormentosa reunión del 30 de noviembre de hace casi un año. El primero dimitió el último día del pasado mes, según desveló este periódico, tras haber presentado por escrito su renuncia al cargo el 10 de agosto a la secretaria general del partido, Marina Bravo.
En aquel momento se vinculó dicha decisión a la controvertida decisión del Comité Permanente del 19 de agosto de cambiar por sorpresa a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa como cabeza de cartel para las próximas autonómicas catalanas, pero desde la dirección del partido se subrayó que aquella renuncia de Galiano fue previa al 'cambio de cromos' en Cataluña.
Ahora, varios miembros de Cs creen que la decisión de Galiano puede estar relacionada con este juicio ya que a finales de julio la juez convocó a las partes a una vista para intentar llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Tanto el denunciante, como luego la magistrada, han reclamado a Ciudadanos que entregue 24 documentos relacionados con el caso -en su mayoría actas internas-. Sin embargo, la formación de Arrimadas no ha atendido por el momento dicha petición.
En cuanto a Navarro y Martínez, ambos están alineados en el llamado sector crítico próximo a Francisco Igea y en aquel Consejo General, del que salió la nueva composición de la gestora, expresaron su disconformidad con el desarrollo de las votaciones que se llevaron a cabo. En principio, deberían avalar las tesis del denunciante, aunque no han tenido nada que ver con la presentación de esta denuncia civil. Es más, desconocen por completo el contenido de la demanda y para ellos ha sido una sorpresa este juicio.
Las polémicas de noviembre
La reunión del Consejo General de Ciudadanos del 30 de noviembre aprobó la fecha del congreso y los miembros de la gestora que dirigieron el partido, pero también supuso un duro enfrentamiento entre 'riveristas' alineados con Arrimadas y las caras visibles del sector crítico -Luis Garicano, Francisco Igea e Ignacio Prendes- como no se veía desde la dimisión de Toni Roldán en junio de 2019.
El voto de la fecha de la Asamblea General -el 15 de marzo- pasó sin problemas con la unanimidad de los 128 miembros del Consejo General que tenían derecho de voto. Sin embargo, la siguiente votación sobre la composición de la gestora provocó un enorme revuelo.
Varios de los presentes se sorprendieron al ver que el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, anteponía esa votación al debate sobre los nombres que les acababa de presentar. Y lo que provocó indignación en algunos consejeros es que en el último momento se descartase el uso del voto secreto, a pesar de que se había colocado una urna para ello.
Garicano e Igea "se echaron las manos a la cabeza" en ese momento, coincidieron varias fuentes. El eurodiputado se levantó de su silla y se acercó a la posición de Arrimadas "pidiéndole que parase" esa imposición. La entonces portavoz en el Congreso, y única candidata que concitaba apoyos para suceder a Rivera, no se dio por aludida y delegó cualquier decisión en Bofill pues solo estaba invitada a la reunión como oyente.
La votación a mano alzada -en realidad, con cartulinas verde, blanca o roja- sobre la lista de la gestora tuvo tintes surrealistas. Se empezó preguntando cuántos votos en contra había (cinco: los de Ignacio Prendes, Orlena de Miguel, Fernando Navarro, Eduardo de Castro y Luis Armando Fernández), luego cuántas eran las abstenciones (seis) y cuando llegó el turno de los votos a favor... hubo muchos que no levantaron la cartulina.
Ante la sorpresa y en medio de los murmullos, Bofill dijo que valían tanto las manos alzadas como las que no, así que se contabilizaron 117 'síes' y el partido anunció que la lista había contado con el 91,4% de apoyos de los presentes.
Debate muy bronco
El debate posterior fue muy bronco. Igea tomó la palabra para advertir que actitudes así eran "contrarias a la libertad" que pregona el partido en sus comparecencias públicas. "No sólo hay que ser liberal de puertas a fuera, sino aplicárselo de puertas a dentro", expuso en estos términos.
Carlos Cuadrado, el responsable de Finanzas y ahora 'hombre fuerte' del partido en la Ejecutiva de Arrimadas, le espetó desde su sitio a Igea que tenía muy mal perder. "¡Qué mal lo haces!", le lanzó mientras Begoña Villacís intentaba mediar y le pedía a Cuadrado que no entrase en el debate.
Varias consejeras 'oficialistas' cargaron a continuación contra los miembros del sector crítico. No eran personas de la primera línea del partido, lo que llevó a algunos de los críticos a ver una estrategia concertada. Una de las consejeras opinó que a Ciudadanos le iría mucho mejor "huyendo de los Cantós, los Igeas y los Prendes", refiriéndose a los líderes en la Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla y León.
Ante las duras acusaciones contra los críticos, algunos pidieron amparo al presidente del Consejo General, pero Bofill respondió que "no podía coartar" las opiniones de los que pedían hablar. Garicano tuvo un discurso conciliador y constató que existía "desafección" entre los votantes de Cs por cómo se han adoptado algunas de las medidas de los últimos meses. Además, advirtió que los límites de las críticas "se convierten en ataques cuando pasan a ser ad hominem", es decir señalando a los presuntos culpables con nombres y apellidos.
Prendes se quejó que Cs no hiciese "autocrítica" e Igea volvió a lamentar que el partido no aprendiese de sus errores. Arrimadas y el 'núcleo duro' de Rivera no pidieron la palabra, sino que fueron algunos de los consejeros menos conocidos quienes se encargaron de censurar a los críticos.
