La agencia de calificación crediticia Scope Ratings ha empeorado a 'negativa' la perspectiva de la nota de solvencia 'A-' asignada a la deuda soberana española a largo plazo como consecuencia del deterioro de las finanzas públicas y la disminución del potencial de crecimiento del país a raíz de la pandemia de la covid-19.
En este sentido, la calificadora de riesgos explica esta rebaja porque incluso con una trayectoria económica y fiscal relativamente favorable a partir de 2021, "es probable que la economía española tarde muchos años en revertir el deterioro fiscal de la covid-19", advirtiendo de que el potencial de crecimiento de España puede verse afectado negativamente por la crisis, exacerbando las vulnerabilidades estructurales preexistentes del mercado laboral.
No obstante, la entidad destaca que la calificación 'A-' de España refleja el importante apoyo de las instituciones europeas, en particular las acciones de emergencia del Banco Central Europeo (BCE) y el fondo de recuperación de la Comisión Europea (CE), que, junto con el resistente perfil de la deuda española, ayudan a absorber la financiación del impacto inmediato del choque, apoyando de forma crítica la sostenibilidad de la deuda española a corto plazo.
"En general, este enérgico esfuerzo político europeo está proporcionando a España un entorno de mercado financiero benigno para absorber el choque de la covid-19 y financiar, en condiciones favorables, una recuperación económica (...). Esto es fundamental para apoyar la sostenibilidad de la deuda de España a corto plazo", añade.
De este modo, la agencia advierte de que las calificaciones podrían bajar de categoría en los próximos 12 a 18 meses si la recuperación económica es más débil de lo previsto, así como en el caso de que las finanzas públicas no se sitúen en una firme trayectoria descendente y/o se introducen reformas que repercutan negativamente en las perspectivas económicas y fiscales.
Por el contrario, la perspectiva de la nota de España podría volver a ser estable si la economía se recupera más rápidamente de lo previsto y, en ese contexto, se aplica una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo, y/o se introducen reformas para hacer frente a los desafíos del mercado laboral y la productividad, aumentando el potencial de crecimiento del país.
Previsiones
Scope Ratings anticipa una contracción del PIB de España en 2020 de alrededor del 12,5%, tras una recuperación moderada en los trimestres tercero y cuarto, superando ampliamente la caída del 9% prevista para la zona del euro y del 10% para Italia y Portugal.
Asimismo, el escenario base de Scope Ratings contempla que España crecerá en torno al 7% en 2021 y la expansión de su PIB se aproximará gradualmente al potencial de alrededor del 1,5% en los próximos años, mientras que el déficit fiscal se reducirá de alrededor del 13,5% del PIB este año a cerca del 8% en 2021, y luego mejorará gradualmente, pero permanecerá elevado en torno al 5% del PIB en 2024.
Sobre esta base, Scope prevé que la tasa de deuda pública de España se dispare hasta alrededor del 123% del PIB a finales de 2020, y luego se modere un poco en 2021 hasta alrededor del 121% del PIB, impulsada principalmente por el esperado repunte de la actividad económica y la consiguiente disminución del déficit primario.
Aún así, Scope prevé que la relación entre la deuda y el PIB se estabilice en torno al 125% del PIB para 2024, es decir, unos 30 puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la crisis de Covid-19, lo que reducirá estructuralmente la capacidad de España para absorber futuras perturbaciones.
Por otro lado, la agencia destaca la fragmentación del panorama político español, debido en parte a la situación no resuelta de Cataluña, y advierte de que, incluso si el Gobierno es capaz de aprobar un presupuesto para 2021, que es la línea de base de Scope, existe el riesgo de que sacar adelante las cuentas suponga importantes costes fiscales adicionales para asegurar el apoyo de todos los partidos.
En este sentido, la calificadora de riesgos advierte de que la división política podría obstaculizar la capacidad del Gobierno para maximizar el uso de las subvenciones europeas y facilitar una recuperación más rápida, así como la formulación de un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo y la introducción de reformas políticamente costosas para aumentar el potencial de crecimiento de España.
