“Fue un regalo”, “una donación”, "por gratitud y amor”... El relato de los investigados en Suiza en la causa que afecta al rey emérito deja en punto muerto la presunta responsabilidad delictiva de Juan Carlos I mientras no se encuentren evidencias de bienes o dinero a su nombre disfrutados después de su abdicación, cuando perdió la condición de inviolable.
Esa es la opinión generalizada de expertos en derecho penal y delitos económicos y fiscales consultados sobre la documentación que ha trascendido y que obra en poder de la Fiscalía española desde la semana pasada. Aún está pendiente de recibir un segundo paquete de documentación desde Suiza en el que se esperan datos más concretos sobre las operaciones investigadas.
“Con lo que hay, es difícil poder presentar una querella para judicializar la causa”, dicen las fuentes consultadas por este periódico. Las pesquisas que afectan al exjefe del Estado tienen que ver con el ingreso de 65 millones de euros (100 millones dólares) en 2008 procedentes de Arabia Saudí en la cuenta de un banco suizo que estaba a nombre de una sociedad de la que era beneficiario Juan Carlos I. Para sentar al rey en el banquillo es preciso que la Fiscalía del Tribunal Supremo halle indicios suficientes para elaborar una querella que debe ir bien fundamentada para no recibir el revés de los jueces del alto tribunal.
Origen de los 65 millones
Como adelantó este periódico, en las reuniones de coordinación entre el fiscal suizo y los investigadores españoles se compartió la sospecha de que el origen del dinero pudo ser una comisión de los saudíes por las gestiones del rey en la concesión de la construcción por parte de empresas españolas del AVE de La Meca a Medina. Sin embargo, hasta la fecha no consta que exista ningún documento que lo acredite expresamente.
De hecho, no existe ningún documento sobre esa donación, según declaró en 2018 al fiscal suizo Arturo Fasana, el gestor de fondos encargado de proporcionarle al rey la infraestructura financiera para recibir ese dinero sin dejar rastro. En sus declaraciones, desveladas por El Español, Fasana y el también investigado Dante Canonica dijeron que aquello se gestó en un par de entrevistas personales en Washington y en Ginebra con el entonces embajador de Arabia Saudí en EE.UU.
Cuando le preguntaron el motivo de la donación, el diplomático saudí les explicó que era un “puro regalo” (“pure gift”). Este periódico se ha puesto en contacto con la embajada de ese país, que ha evitado hacer declaraciones.
Enriquecimiento ilícito
La coartada del regalo es un muro contra el que choca la investigación ya que dificulta acreditar un posible origen ilícito del dinero. Las fuentes consultadas destacan que este caso evidencia las lagunas de la legislación a la hora de perseguir el enriquecimiento ilícito, aún sin tipificar en España. Consiste en poder sancionar a aquellos a los que se les descubre un patrimonio superior a sus ingresos ordinarios y no lo puedan justificar.
En tal caso, la presunta donación quedaría en un posible delito fiscal si el rey no hubiese declarado esos bienes a las autoridades españolas en su momento. "Que yo sepa, el rey no ha declarado al fisco los fondos”, le dijo Fasana al fiscal helvético. Pero tampoco se podría actuar contra el rey en este caso porque los hechos siguen siendo anteriores a su abdicación en 2014.
La investigación necesitaría probar que el rey siguió haciendo uso de esos fondos o disfrutando de los bienes adquiridos con ese dinero, indican los expertos. Y en este caso, también colisiona con la tesis del regalo. La gran mayoría de esos 65 millones de euros acabaron en una cuenta de la Bahamas de su ex amante Corinna Larsen, investigada en la causa.
¿Regalo o blanqueo?
Cuando ella tuvo que declarar ante el juez del caso en Suiza explicó que le había transferido ese dinero “por amor y gratitud” y no para esconderlo, según la declaración publicada en El País. De ese modo trataba de despejar las sospechas que apuntan a que Corinna -como otras personas del entorno del rey- actuaban como meros testaferros del monarca a modo de buzón de su patrimonio.
Ella lo niega a pesar de que cuando se reunió con el excomisario José Villarejo en 2015 le dijo que el rey le había puesto a su nombre una finca en Marruecos y que no se la podía devolver porque entonces sería blanqueo de dinero. “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, le explicó al polémico mando policial, que grabó la conversación y años después acabó en la prensa.
De los casi 65 millones, Corinna se ha gastado parte en adquirir casas y ha transferido parte a otras cuentas de Nueva York y Londres. Según le contó al fiscal suizo en 2018, fueron operaciones que no contaron con la tutela del rey con el que, por otra parte, empezó a distanciarse dos años antes de la abdicación, concretamente tras el accidente en Botswana.
Situación parecida es la que ocurre con el primo del rey, Álvaro de Orleans. También tenía una fundación llamada Zagatka. Se embolsó una comisión tras la compra del Banco Zaragozano por parte de Barclays Bank en 2003. Los fondos de esa cuenta sirvieron durante años para sufragar gastos privados de Juan Carlos I, principalmente vuelos privados. Corinna Larsen le dijo a Villarejo que Álvaro de Orleans era en realidad el testaferro del exjefe del Estado.
Él niega ese papel o que hubiese cobrado la citada comisión que refleja el documento al que tuvo acceso Vozpópuli. En una entrevista concedida a El País, De Orleans también secundó la tesis del regalo desinteresado: “Creé la fundación para responder a un mandato de mi padre, quien me pidió que estuviera disponible para echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre y quise hacerlo yo”.
