La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que retire la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la pieza separada que investiga el robo del teléfono móvil a su excolaboradora Dina Bousselham. Como publicó Vozpópuli el miércoles, la exasistente del líder morado contradijo en su declaración ante el juez la tesis defendida por Iglesias en la investigación.
La petición del Ministerio Público al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, supondría que el vicepresidente del Ejecutivo sea expulsado como acusación particular en el caso, con la conclusión de que no habría sido víctima de la trama liderada por el comisario.
La decisión llega después de un año de investigación de la sustracción del teléfono que se habría producido en noviembre de 2015 en un centro comercial de Alcorcón. Bousselham declaró el pasado 18 de mayo que la tarjeta del móvil que le había sido sustraída, y cuyos datos aparecieron en poder del excomisario tras su detención en la operación Tándem en 2017, ya no funcionaba cuando Iglesias se la entregó unos seis meses después de recuperarla.
Dicha afirmación abrió una nueva incógnita en la investigación, pues según declaró en su día el ahora vicepresidente del Gobierno como perjudicado, cuando a él se la devolvieron, sí que funcionaba.
Bousselham admitió que, a través del móvil que le robaron, había compartido con amigos y otros políticos capturas de pantalla del chat de la aplicación de mensajería Telegram en el que participaban distintos dirigentes del partido, incluido el propio Iglesias. Entre ellas se encontraría la polémica conversación sobre la periodista Mariló Montero.
El exdirector de Interviú Alberto Pozas y el que fuera subdirector de la revista, Luis Rendueles, siguen como imputados en la causa, además del propio Villarejo.
