España presentó el pasado martes ante el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, una solicitud de anulación del laudo que mantiene con la luxemburguesa 9REN Holding, una de las muchas sociedades que afectadas por el recorte de las primas a las renovables. El tribunal sentenció el pasado 31 de mayo de 2019 que el Estado debía pagar 46 millones de euros por esta controversia.
El CIADI dictaminó que, con los cambios introducidos por el Gobierno en 2013, España había vulnerado el Tratado de la Carta de la Energíaa través de la frustración de las expectativas legítimas de 9REN Holding. No obstante, el CIADI desestimó la demanda de expropiación. La compensación de 46 millones corresponde a los 41,76 millones más intereses compuestos anualmente en concepto de daños y 4,6 millones por las costas legales y otros gastos.
Este laudo es una de las reclamaciones contra España en tribunales y cortes de arbitraje internacionales suman casi 10.000 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Un total de 45 procesos contra el Reino de España por la decisión de 2013.
En este caso, 9REN adquirió en 2008 participaciones en empresas de energías renovables en España por valor de 211 millones de euros. En respuesta a los cambios introducidos por España a sus regulaciones en el sector energético entre 2010 y 2014, 9REN inició un arbitraje contra dicho país el 31 de marzo de 2015, reclamando la violación de las cláusulas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La empresa asegura que los reales decretos de 2007 y 2008 garantizaban la estabilidad y no revocación de los beneficios de determinadas tasas privilegiadas. Unas normativas que garantizaban este escenario durante la vida útil de sus instalaciones de energías renovables registradas antes del 29 de septiembre de 2008.
'Expulsados'
9REN Holding detalla en el arbitraje que las reformas introducidas por España deberían ser interpretadas en un contexto de atracción de inversores. Por último, la sociedad protesta que el país desmanteló el sistema establecido bajo los mismos reales decretos por los cuales 9REN decidió invertir originalmente, llevando a la empresa a vender su inversión.
La posición de España es que tenía "el derecho y el deber" de regular su sector de energía en función del interés público, ejerciendo su facultad soberana.
En segundo lugar, la defensa del Estado apunta que 9REN debería haber sabido sobre los cambios introducidos por las reformas si hubiera realizado su diligencia debida. Y, por último, el Reino de España defiende que las reformas también estaban destinadas a garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Eléctrico Español (SEE).
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