Hubo una charla hace unos años, en el Caixaforum del paseo del Prado madrileño, en la que participaron varios directivos de medios de comunicación. Estuvo precedida por una intervención de Carmen Martínez Castro, entonces secretaria de Estado de Comunicación, en la que ensalzó la importancia de la prensa en una democracia y, ojo, hasta citó a Chesterton. Una de las cuestiones que se planteó en el coloquio fue la siguiente: ¿por qué en España no ha habido grandes fusiones de grupos mediáticos, pese a que 'el papel' está en caída libre y la publicidad se desplomó al inicio de la 'gran recesión' y no ha vuelto a los niveles anteriores a 2008? La respuesta del entonces consejero delegado de Zeta fue algo así como: “Es una buena pregunta. Yo, desde luego, no me lo explico muy bien”.
La cuestión no es fácil de contestar, entre otras cosas, porque el análisis de las entrañas de este sector suele llevar a descubrir algunos asuntos incómodos. Uno de los más evidentes es que no está sometido a las reglas del libre mercado, pues las grandes operaciones mediáticas suelen estar impulsadas o torpedeadas por los poderes político y económico. Y las campañas institucionales y publicitarias, bien dirigidas, pueden suponer un salvavidas para unos y la guillotina para otros.
Otro aspecto importante es que algunas compañías mediáticas no han estado bien gestionadas. Quizá el mejor ejemplo es el de la OPA de Prisa sobre Sogecable, que incrementó su endeudamiento hasta niveles imprudentes y sumió al grupo en una crisis financiera de la que todavía no ha logrado reponerse. Pero hay muchas más: desde la adquisición de Recoletos por Unedisa por 1.100 millones de euros hasta la del diario gratuito Qué! por Vocento por 132 millones.
Se ha pecado en el sector de una mezcla de cortoplacismo y algarabía (cosa de la competición de egos), lo que ha provocado que, al arreciar las crisis, la cigarra se haya echado a llorar, lamentando no haber actuado como la hormiga. En esta ocasión, ha ocurrido lo mismo, pues no había pasado una semana desde que se establecieran las primeras medidas para frenar el avance del coronavirus y la prensa, las radios y las televisiones ya habían solicitado prestas ayudas al Ejecutivo.
Golpe en las redacciones
Unos días después, comenzó una lluvia de malas noticias sobre sus redacciones y áreas corporativas, pues se anunciaron varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que, en algunos casos, ya se han comenzado a negociar. Hay que tener en cuenta que estas empresas -especialmente, el papel- vienen de una larga crisis económica y de modelo de negocio; y esta nueva arremetida del destino les ha pillado con el paso cambiado, con la liquidez justa, con deudas con los bancos en muchos casos y con el proceso de transformación digital sin completar. Los anunciantes han encogido la mano, sus ingresos han caído y eso les ha obligado a tomar medidas de contención de forma rápida.
Durante los últimos días, han comunicado ERTE o modificación de las condiciones de sus plantillas y directivos varios de los grandes grupos de medios de comunicación. La pregunta es: ¿cómo justificarán esta medida ante su plantilla y ante la autoridad laboral?
Fuentes sindicales implicadas en las negociaciones inciden en que estos ERTE se tramitarán por el procedimiento normal, pues será difícil demostrar ante el Ministerio de Trabajo que se deben a la parálisis de la actividad motivada por el coronavirus y, por tanto, que son de “fuerza mayor”. De hecho, las empresas se espera que aleguen causas económicas, productivas u organizativas.
¿Cuál es la situación?
Las empresas que no han tenido que cerrar durante esta crisis sanitaria -y los medios lo son, como “actividad esencial”- no pueden justificar el ajuste en causas de 'fuerza mayor' y, por tanto, la tramitación de sus ERTE se extenderá durante bastantes más días de los cinco que prevé la normativa excepcional aprobada por el Ejecutivo. Tampoco estarán obligadas a mantener su plantilla durante seis meses.
El abogado de CECA Magán Manuel Fernández Fontecha, especialista en derecho laboral, apunta a que, pese a que pueda haber algún intento, será casi imposible que los medios de comunicación puedan justificar sus ERTE por razones de 'fuerza mayor', pues no sólo son una actividad esencial que está permitida durante estos días, sino que no concurren causas extraordinarias, como puede ser el cierre de los puntos de venta, la falta de papel para imprimir los periódicos o la expansión de la Covid-19 por una buena parte de la plantilla. En tal caso, tomarán esta decisión por el impacto económico que ha generado esta infección en sus cuentas.
Lo paradójico es que, al ser expedientes normales y tener una tramitación ordinaria, los ERTE que están anunciando las empresas periodísticas sólo se podrán poner en marcha dentro de unas semanas, probablemente tras la finalización del estado de alarma o, a lo sumo, en sus últimos días de vigencia. De hecho, en el Grupo Prisa calculan que será en mayo cuando se inicien los recortes, que se alargarán hasta diciembre. En otras palabras: la prensa no ha planteado estos ajustes laborales debido a la paralización de su actividad durante el estado de alarma, sino que ha aprovechado la crisis del coronavirus para aplicarlos.
No estaría de más permanecer atentos a la actitud de los medios de comunicación durante los próximos meses, pues sería muy 'llamativo' -por decirlo de algún modo- que el Gobierno les practicara alguna maniobra de reanimación, con cargo al erario público, y, tras cobrarla, transformaran los ERTE en despidos colectivos.
No estaría de más permanecer atentos a la actitud de los medios de comunicación durante los próximos meses, pues sería muy 'llamativo' que el Gobierno les practicara alguna maniobra de reanimación, con cargo al erario público, y, tras cobrarla, transformaran los ERTE en despidos
Desde luego, no debería ser objeto de debate la forma en la que unos u otros gestionan sus empresas, pero recibir ventajas fiscales, campañas institucionales engordadas o algún tipo de ayuda pública; y, posteriormente, soltar lastre entre la plantilla, sería un tanto grosero, pues podría dar pie a pensar que los tijeretazos se han realizado “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.
También podría hablarse largo y tendido de la necesidad de 'rescatar' con dinero público a empresas que, evidentemente, han estado mal gestionadas, pues eso adultera la libre competencia en el sector y perjudica a las compañías que sí han actuado con responsabilidad.
Incluso se podría sacar a debate la intención que puede tener el Ejecutivo al echar un capote a los medios en momentos de crisis, como el que lanzó hace un par de días, con el anuncio de una inyección de 15 millones de euros a las televisiones. Pese a que algún impresentable trate de negar la realidad por su interés personal (A crook is a crook is a crook...), estas acciones tienen un por qué y es el de granjearse la amistad de los empresarios televisivos más influyentes. Quizá el dinero del contribuyente no está para eso.
