Para escribir esta columna me he tomado una licencia literaria. O jurídica, más bien. He decidido redactarla como si de la motivación jurídica de una sentencia se tratase. Porque hay algo que tengo muy claro: cuando todo esto acabe, los ciudadanos españoles cuya vida no sea segada por el coronavirus tendremos la colosal tarea de sacar adelante el país, pero también la obligación moral de exigir responsabilidades a aquéllos cuya ineptitud, ausencia de escrúpulos y ética partidista nos han traído hasta aquí, en adelante “los demandados”.
Entre los demandados se encuentran todos los integrantes del Ejecutivo, numerosas autoridades públicas y también insignes periodistas y/o comunicadores cuyos programas o artículos en radio, prensa o televisión llegan a una amplísima audiencia. Todos ellos rechazan la necesidad de pedir disculpas a la opinión pública y la asunción de responsabilidades por las declaraciones vertidas e informaciones publicadas respecto a la gravedad del coronavirus. Alegan ahora que NADIE SE ESPERABA ESTO, que NADA HACÍA PREVER que lo del coronavirus no fuese a ser más que una simple gripe y que, hasta después de las manifestaciones y eventos multitudinarios del 8-M, no existían motivos de base científica para adoptar medidas drásticas.
Estas alegaciones de los demandados faltan a la verdad y no merecen favorable acogida, en atención a los siguientes hechos probados:
Primero.- El 28/02/2020, la Organización Mundial de la Salud recomendó en un informe activar el más alto nivel de respuesta para reducir el contagio, priorizar la detección de casos para su inmediato aislamiento, poner en cuarenta a todos los contactos, educar a la población sobre la gravedad del virus y sobre su papel para minimizar el contagio, así como concienciarla sobre las prácticas rigurosas para evitar su propagación y la identificación de los síntomas, entre otros. Destaca la necesidad de adopción de medidas de distanciamiento social y de cuidado a los mayores.
Segundo.- El 02/03/2020, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), que es una agencia europea cuya misión es reforzar la actuación contra las enfermedades infecciosas en el marco de la Unión Europea, emitió un informe con datos actualizados sobre la evolución del brote del coronavirus ante el incremento global de su expansión, en el que se contenían varias recomendaciones, siendo la más destacada la de evitar manifestaciones y concentraciones multitudinarias, que invitaba a cancelar en coordinación con los organizadores para reducir la transmisión del virus.
La Junta Directiva de este organismo está integrada, entre otras, por una persona nombrada por cada Estado miembro. La elegida por el gobierno español es Pilar Aparicio Azcárraga, que en 2018 fue nombrada Directora General de Salud Pública y Calidad e Innovación por la entonces ministra de sanidad Carmen Montón y mantiene el cargo en el actual ejecutivo socialpodemita. Es significativo que el 03/03/2020 esta señora declaró mostrarse a favor de suspender o anular todos congresos médicos y/o de personal sanitario por motivo de esta enfermedad.
Básicamente, primaron cuestiones electoralistas y de popularidad frente a las de salud pública. Existen sobradas evidencias de ello
Y aunque no cabe duda de que los demandantes conocían las recomendaciones de ambos informes públicos emitidos por organismos internacionales, decidieron conscientemente ignorarlas. Básicamente, porque primaron cuestiones electoralistas y de popularidad frente a las de salud pública. Existen sobradas evidencias de ello. Basta recordar algunas declaraciones públicas animando y casi conminando a la gente a acudir a todas las concentraciones y eventos a base de minimizar la importancia de la enfermedad.
Por ejemplo, las declaraciones realizadas por la persona a la que el gobierno encomendó presidir el Comité de Coordinación Interministerial frente al coronavirus: la vicepresidenta Carmen Calvo. Preguntada horas antes de la manifestación del 8-M sobre qué le diría a una mujer que estuviese dudando sobre acudir a la misma, contestó ufana y sonriente “yo le diría que vaya porque le va su vida, que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad”. Calvo lideró la manifestación socialista y se colocó tras una pancarta acompañada de otras ministras y ministros y de la esposa del presidente del gobierno. Quien se colocó tras las pancartas de Podemos fue la ministra de igualdad, Irene Montero.
La afluencia masiva a las concentraciones feministas fue alentada por las plataformas mediáticas y de comunicación afines, como El País, Público o Atresmedia entre otras, que no repararon en repetir eslóganes del tipo “el heteropatriarcado mata más que el coronavirus” y que se llegaron a burlar de quienes advertían de los riesgos o, directamente, los tildaban de machistas.
Pero cuando empezaron a confirmarse los positivos entre las ministras asistentes a la manifestación, lejos de disculparse, se parapetaron en una supuesta ciencia. El mismísimo presidente del gobierno, en declaraciones realizadas el 12/03/2020, eludió las críticas afirmando que “El Gobierno se ha adaptado a las recomendaciones de la ciencia”.
Y aseveró: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Y todo ello siendo plenamente conocedor del contenido de los informes
No es cierto. No se siguieron las recomendaciones de los informes de la OMS y la ECDC, sino las de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Fue Simón quien proveyó a todos los demandados de una coartada científica, escudándose en su dilatada experiencia. Basta recordar que el 04/03/2020 aseguró que no era necesario cerrar colegios y universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. El 07/03/2020, informó de que existían 430 casos de coronavirus, pero que no había una avalancha de casos. Y aseveró: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Y todo ello siendo plenamente conocedor del contenido de los informes.
Cabe concluir, a la vista de la prueba practicada, que los demandados son responsables de haber faltado a la verdad y de no haber actuado con la diligencia debida. No poder saber no es lo mismo que no querer saber o hacer como que no lo sabes.
En lo referente al Ejecutivo y demás autoridades, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus a pesar de las recomendaciones oficiales, bien instando a que se cancelaran los actos multitudinarios que tuvieron lugar el 8-M, bien adelantado la proclamación de estado de alarma en la jornada previa al 8 de marzo, que no se produjo hasta al sábado siguiente. Antes sólo hubo anuncios titubeantes carentes de contenido dispositivo o de trascendencia práctica alguna, a remolque siempre de las medidas anunciadas por los mandatarios de otras CCAA, especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, que se convirtieron en un referente nacional. Pero es que, además de llegar tarde, la declaración nació muerta de coactividad y de medidas económicas que permitieran a empresas y trabajadores asumir el confinamiento y la cuarentena sin temer por sus ingresos y la supervivencia de su negocio o puesto de trabajo.
Ironías del destino
Las razones de esta dejación de funciones del Ejecutivo ante tan grave problema de salud pública tuvieron, en su fase inicial, una mera motivación electoralista. La crisis del coronavirus ha confirmado que este gobierno no se diseñó para gestionar el país, sino para desempeñar funciones propias de una agencia de marketing enfocada a la autopromoción aprovechando a las instituciones como trampolín y a la batalla cultural identitaria como pretexto para consolidarse en el poder. Pero, oh sorpresa, a quienes proclamaron la emergencia climática y enarbolaron la bandera y las pancartas contra el “terrorismo” machista los ha noqueado un virus que, hasta hace apenas unos días, despreciaban públicamente por considerarlo un invento del heteropatriarcado. Ironías del destino: los precursores de las emergencias sociales impostadas han perdido la batalla del relato a manos de una pandemia, de una verdadera emergencia social.
En lo referente a los periodistas y comunicadores demandados, en su condición de cooperadores necesarios. Existían evidencias más que suficientes para cuestionar la versión gubernamental sobre los riesgos que suponía el virus para la salud, especialmente en ausencia de medidas de aislamiento social. En lugar de transmitir información veraz a la opinión publica, estos profesionales y medios se limitaron a coadyuvar al Gobierno, a primar los motivos electoralistas sobre la información desnuda. La realidad ha mostrado con crudeza cómo muchos medios de comunicación se han convertido en meros satélites de los partidos.
A pesar de las evidentes responsabilidades, la ejecución del fallo de esta columna en forma de sentencia se tendrá que postergar hasta que nuestra sociedad venza al maldito coronavirus y llore a sus muertos. Porque ahora no nos queda otra que remar con este Gobierno para salir de ésta. Pero que nadie se confunda: la embarcación en la que remamos hace aguas por todas partes hasta el punto de que, por momentos, parece una patera naufragando en medio del mar bravío. Tenemos que ser conscientes de lo que hay, porque la gestión de la crisis requiere de unidad, pero también de realismo. Y éste pasa por la memoria, por no dejar que los causantes de todo esto pasen página como si nada. Que no nos vuelvan a sumergir en la batalla del relato que les permita encaramarse al púlpito desde el que impartir lecciones de superioridad moral. Ya les adelanto yo que algunas de estas responsabilidades no se van a dirimir únicamente en la escena política y social, sino en la legal. Pero, por ahora, rememos.
