Nos encontramos en los albores de una nueva legislatura en la que se deberán afrontar importantes retos. La ciudadanía, las personas, viven y conviven en su desarrollo personal, desde el más íntimo al más relacional, con la esperanza de mejora y estabilidad, y demandan y exigen los avances que confían puedan cincelar los paradigmas que para ellos son propios y proyectan en su entorno social, aquello que para ellos es “servicio”.
Los servicios públicos son parte esencial de ese esquema de facilitación del desarrollo vital. Y sin desmerecer a ninguno, es igualmente evidente que en su esencialidad destaca la Justicia. No en muchas ocasiones se acudirá a un tribunal, o incluso ninguna, pero la calidad de este servicio público contribuye de forma decidida al progreso social y económico en su conjunto. Una Justicia de calidad es sinónimo de confianza económica y como tal, combustible del desarrollo económico y laboral.
Hablar de nuevos retos para la modernización de la Justicia es un lugar común, pero carga en sí mismo una frustración. Quienes en ella trabajamos no podemos pasar por alto los vaivenes padecidos, la falta de inversiones, y los olvidos políticos, voluntarios o no. “Poco o nada”: no haré uso de este recurso llamativo, pero lo cierto es que la carencia de un proyecto estable ha relegado su modernización, sometida a apriorismos y personalismos.
Parte de la solución está en potenciar el servicio de mediación y conciliación que descargue de actividad innecesaria a los tribunales
Es hora de acometer de consuno aquellas reformas necesarias que permitan demostrar a nuestro entorno cultural y económico que España y su Justicia se hacen atractivas. La organización de tribunales sigue obsoleta, y los esfuerzos por modernizarla que nacieron en el 2003 con los grandes servicios comunes dirigidos por los Letrados de Justicia, mucho y más efectivos, y a menor coste que el diseño antiguo de los juzgados, han frenado en seco. La necesaria y deseada independencia de criterio judicial sigue anclada en esas micro-organizaciones, y los criterios comunes que facilitarían los tribunales provinciales mueren como idea de una moderna jurisdicción, igualmente independiente y responsable.
La norma procesal, esencialmente la penal, sigue necesitada de adaptación, pues está prevista para una sociedad con unos tiempos y formas que no son los de la nueva sociedad, tecnológica y rápida. La Fiscalía sigue desaprovechada. También las nuevas formas de comercio demandan nuevas maneras de reclamación dineraria, con un impulso decidido de los procedimientos de exacción de deudas reconocidas y reconocibles, como los monitorios adaptados a esa nueva realidad que, a cargo de los Letrados de Justicia, han demostrado que más del 50% de los asuntos se deciden de manera pronta y capaz.
Y qué decir de la mediación; una sociedad hambrienta de soluciones pactadas que eviten pleitos costosos, demanda un servicio público de mediación y conciliación -por qué no obligatorio en reclamaciones menores- que agilice la respuesta y descargue de actividad innecesaria a la organización de tribunales para dedicarse a los pleitos más complejos. Y pensemos que los Letrados de Justicia resolvemos un 60% de las causas que entran en los juzgados de lo laboral ejerciendo nuestra competencia de conciliación. Y qué decir de los pleitos iguales, como en las reclamaciones de productos financieros, que exigen el criterio de igual solución a igual problemática, de manera directa y sin juicio, y que ya triunfa en las reclamaciones contencioso-administrativas. En definitiva, seamos valientes y en unas nuevas “casas de la Justicia” permitamos a los Letrados de Justicia resolver todo esto sin necesidad de un juicio.
Seguimos haciendo uso de múltiples aplicaciones informáticas, una por cada Comunidad autónoma, que no se hablan entre sí ni comparten información
Otro ejemplo de éxito es la ejecución, que desde que se encomendó a los Letrados en 2009 ha permitido que se resuelvan 300.000 ejecuciones más cada año. Aún exige cambios, que venimos demandando, y, si no se legisla con sordera, pretendiendo sacar fuera una competencia que dentro de la Administración de Justicia funciona, seguirá mejorando.
La tecnología está demostrando que facilita el servicio, pero aún está a medio camino, y el papel ahoga, pues su uso en la tramitación sigue siendo criterio procesal que hace tributaria cualquier implementación de los nuevos aplicativos. Y seguimos haciendo uso de múltiples aplicaciones, en cada Comunidad autónoma, para cada tarea, que no se hablan entre sí ni comparten información. Y la información, la protección de datos, que exige ser desarrollada en Justicia para asegurar los derechos de todos.
Todo esto y más debe cambiar, pero estas líneas son ajustadas. Como ajustada a Derecho y valía fue que desde el 2003 la Ley otorgase a los Letrados de Justicia un papel protagonista permitiendo la mejora del servicio prestado, como Cuerpo Nacional Superior jurídico que somos. Y como injusto es que para mejor ejercer esas competencias llevemos 14 años esperando una reforma de nuestro estatuto, y de nuestra relación sindical que no sea la actual, que conculca los más elementales derechos como servidores públicos. Y, evidente, una adecuación salarial que evite que se perciban de entrada 1.500 euros al mes como básico pago a tanto trabajo de calidad, y sea en su tope un 65% de lo que cobran los otros Cuerpos superiores de la Justicia.
