Quieren cinco plazas en la sala de vistas en cada sesión del juicio del 'procés'. Se han presentado esta semana bajo el nombre de International Trial Watch (ITW). Son organizaciones y juristas reunidos en una plataforma y pretenden coordinar la presencia de 'observadores' nacionales e internacionales en el Tribunal Supremo. También son catalanes y han interpuesto, entre otras acciones judiciales, demandas ante Europa contra el Ejecutivo español por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El Colectivo Praga, uno de los seis integrantes de la propuesta, presentó en febrero de 2018 una denuncia ante el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa por una "grave violación de derechos por parte del Estado español". Esta se sumaba a otra que ya había interpuesto en las Naciones Unidas en diciembre de 2017.
En el informe de 50 folios, suscrito por 650 juristas, señalan las "violaciones" sucedidas el 1 de octubre de 2017, durante la celebración del "referéndum de autodeterminación en Cataluña, convocado bajo el amparo de la Ley 19/2017, del 6 de septiembre". Subrayan que dicha ley se aprobó por "mayoría absoluta" en el Parlamento catalán y "tras el fracaso de cualquier intento de negociación con el Estado".
Presentada denúncia davant Comissari europeu Drets Humans del Consell d'Europa per greu violació de drets per part de l'Estat espanyol.Aquesta denúncia segueix la ja presentada a les Nacions Unides el desembre https://t.co/NFa3uU4sFT (castellà)https://t.co/pwlzy6oxUJ (anglès)
— Col·lectiu Praga (@CollectiuPraga) February 27, 2018
Asimismo, destacan que el Ejecutivo central prefirió "la vía de la judicialización y de la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades". Y aseguran que el Estado imputó "inexistentes delitos de rebelión y sedición a los dirigentes de las dos organizaciones civiles (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural) impulsoras de este proceso pacífico y democrático, y al presidente, vicepresidente y consejeros del Gobierno de la Generalitat".
Denuncian así que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó "a prisión preventiva a unos" y obligó "a permanecer en el exilio a otros" y que, a su vez, disolvió "de facto la autonomía de Cataluña, mediante la activación inconstitucional del art. 155".
El caso del Colectivo de Praga no es el único. El presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, David Bondia, interpuso una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La intención: evitar que el Gobierno central aplicara en la comunidad autónoma el ya mencionado artículo 155. La denuncia finalmente no prosperó, dado que fue inadmitida por Estrasburgo.
Por su parte, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia presentó varias querellas contra mandos y agentes de la Policía Nacional por lesiones perpetradas durante el operativo policial del 1-O. En febrero de 2018, el juez a cargo de investigar uno de los casos acordó imputar a un subinspector y a otro integrante del Cuerpo, y citó como testigo al coordinador de la actuación policial en Cataluña Diego Pérez de los Cobos.
"Entendimos que había casos que estaban al margen de la legalidad. Por eso, se presentaron querellas; y en todos los casos, los jueces las han estimado, lo que demuestra que nuestro criterio coincide con el juez de instrucción", explica el codirector de la organización, Andrés García.
Seis asociaciones
Tras las iniciales ITW se encuentran la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Centro Iridia, la Asociación Novact, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y el Colectivo Praga. En todas participan juristas próximos al proceso independentista catalán.
Fuentes de la plataforma consultadas por Vozpópuli hacen hincapié en que ninguna de estas seis asociaciones supervisará el juicio. Explican que su trabajo consistirá en "gestionar y facilitar" la asistencia de expertos juristas y organizaciones "independientes" que vigilarán el procedimiento.
La presentación de ITW llega después de que las propias defensas de los acusados del 'procés' pidieran al Supremo la presencia de "observadores internacionales" en el juicio.
"Percepción directa"
En su escrito de defensa, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras insiste en que "el conocimiento del desarrollo del juicio oral no puede depender la edición o difusión efectuada por medios de comunicación, debiendo ser una percepción directa e inmediata de la vista".
En concreto, el líder de ERC, en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 2 de noviembre de 2017, sostiene que los observadores internacionales "no pueden depender de las concretas imágenes que se difundan, debiendo percibir el juicio de forma directa".
El Centro Iridia coincide con él. Consideran que la presencia de observadores "garantiza" que se analice "más allá de lo que puedan emitir las cámaras", dice el codirector a este medio.
ITW reitera que es "imprescindible" que los observadores puedan asistir directamente al juicio e indica que "sería difícilmente comprensible que no se facilite el acceso de organizaciones de reconocido prestigio para realizar la observación".
És imprescindible que els observadors/es puguin assistir directament al judici i seria difícilment comprensible que no es faciliti l'accés d'organitzacions de reconegut prestigi per a realitzar l'observació. #ObservaciónJuicio1O pic.twitter.com/yBa608XkL2
— International Trial Watch (@InterTrialWatch) January 29, 2019
Desde la Fiscalía General del Estado difieren. Aseguran que la vista oral se celebrará con total transparencia. Ante la solicitud de los independentistas, la fiscal jefe María José Segarra ha subrayado en declaraciones a los medios: "Televisado y en directo. No podemos ofrecer nada más".
Según ha publicado El Confidencial, los jueces que juzgarán la causa creen que la presencia de estos expertos no es necesaria debido, precisamente, al alto grado de publicidad que recibirá el juicio. De ahí que se espere que los magistrados del tribunal presidido por Manuel Marchena rechacen la solicitud presentada por las defensas.
Hasta el momento, ninguna solicitud ha tenido respuesta; los jueces aún estudian las pruebas y no han anunciado la fecha definitiva para iniciar las vistas.
