El eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha sido vinculado, en distintas ocasiones, con la trama Gürtel. Tras su paso por la Generalitat valenciana, se ha visto rodeado de varias acusaciones: desde prevaricar como consejero para favorecer el empresario José Luis Ulibarri -imputado en la causa-, hasta adjudicar contratos a compañías de Francisco Correa, cabecilla del entramado corrupto. De todos los señalamientos ha salido ileso: no ha sido imputado en ninguna etapa de la investigación.
González Pons formó parte de la Generalitat de Francisco Camps, quien ha sido imputado más de una vez por su gestión al frente de la comunidad autónoma. Fue consejero de Cultura y Educación (2003-2004); de Relaciones Institucionales (2004-2006); y de Territorio y Vivienda (2006-2007). Los años pasan y de tanto en cuanto alguien lo asocia a la red de corrupción.
"Guía de la comunicación"
Los señalamientos se remontan hasta sus primeros días en el Gobierno valenciano. La adjudicación para elaborar la "Guía de la Comunicación" de 2005 de la Generalitat tuvo lugar meses antes de la entrada de González Pons a la consejería de Relaciones Institucionales. Sin embargo, la investigación señala que este ya ejercía como responsable del departamento al momento de efectuar los pagos.
¿Cuál fue el problema? El contrato fue a parar a manos de Orange Market -empresa vinculada con la trama de Correa y las campañas electorales del PP- , pero al final fue realizado por otra empresa. Es decir, la Gürtel habría cobrado unos 12.000 euros por el diseño de una guía de medios que hizo otra compañía. En caso de que González Pons fuera quien ordenó contratar a la empresa de cabecera de la trama, la Fiscalía anticorrupción pidió investigarle.
Aquel caso no prosperó, pero en 2018 se pusieron nuevamente en duda varios contratos de la Generalitat de Valencia con Orange Market. Finalmente, se ordenó reabrir la pieza (la quinta de la trama). Y esta semana, el juez instructor José de la Mata escucha declaraciones de testigos e investigados en la causa.
La Nucía, Alicante
El caso de Orange Market no fue el único que relacionó los nombres de González Pons y Correa. Durante la época del 'popular' como consejero de Territorio y Vivienda, el cabecilla de la Gürtel se jactó de que tenía un as para desbloquear el proyecto urbanístico en La Nucía, Alicante.
"Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban (González) Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", señaló Correa. El ahora eurodiputado sometió la aprobación del proyecto a la Confederación del Júcar -que entonces estaba en manos del PSOE-. Finalmente, el plan no dio frutos.
Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban (González) Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo"
La afirmación salió a la luz tras desvelarse varias de las grabaciones del sumario de la Gürtel. Entonces, González Pons se defendió: aseguró que durante su gestión en la Generalitat se ajustó "estrictamente a la legalidad" y que tomaría "medidas legales contra cualquiera" que insinuase que sus actuaciones vulneraron la legalidad.
"Como es conocido, la Audiencia Nacional, en febrero de 2009, realizó un comunicado desmintiendo las informaciones sobre el sumario que pretendían vincularme con la comisión de un delito o irregularidad", dijo en declaraciones a la prensa.
Licencias TDT para Ulibarri
Aquella no fue la única ocasión en la que González Pons se 'libraría' de la trama. En 2010, en el Congreso de los Diputados, el entonces secretario de política municipal del PSOE, Antonio Hernando, le exigió que explicara por qué durante su etapa como consejero del Govern había dado "masivamente licencias de TDT a un implicado" en la Gürtel.
Para entonces, la Federación Valenciana de Televisión había interpuesto una querella contra el 'popular' por un delito de prevariación, cohecho y malversación de caudales públicos. En concreto, por haber concedido 13 de las 14 licencias de TDT solicitadas por José Luis Ulibarri, empresario posteriormente investigado en la trama.
Aquel concurso público, firmado por el propio González Pons, fue anulado por el Tribunal Supremo al no cumplir con los criterios de la convocatoria. La querella, por su parte, fue archivada por los magistrados al considerar que los hechos no eran constitutivos "de ningún ilícito penal".
El piso de Everland SL
Pasaron tres años hasta que se le volvió a vincular con los negocios de Correa. En 2013, se dio a conocer que el diputado del PP vivía desde hacía años en un piso ubicado en Madrid, que era propiedad de una de las compañías investigadas en la Gürtel: Everland SL. Trascendió, además, que el pago en concepto de alquiler del inmueble lo abonaba el propio partido.
Según publicó eldiario.es, la empresa era administrada por Isabel Gutiérrez Benito, quien es pareja de Jesús Merino, quien es a su vez exdiputado de la formación de la calle madrileña de Génova e investigado en la trama corrupta.
Fórmula 1
El caso más reciente ha tenido lugar este martes. Ha sido en una carta, adelantada por la Cadena Ser, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia por la defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes'. La misiva llega dos días antes de que acuda a la Audiencia Nacional, en Madrid, para ser interrogado por la pieza separada de Fitur 2009.
En ella, el que fuera gerente de la empresa Orange Market ha implicado al exconseller en la financiación del PPCV y en las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en la región.
El 'popular' ha respondido a esa acusación. Lo ha hecho en un comunicado entregado a EFE. "La participación que me atribuye en la contratación de la Fórmula 1 es falsa, dado que yo ya no era miembro del Gobierno valenciano", ha dicho.
De igual forma, ha recordado dos cosas: que "nunca" ocupó un cargo ejecutivo en el PP valenciano, por lo que asegura no haber estado al tanto de la financiación del partido; y que estas acusaciones ya fueron consideradas "inadmisibles" por un juzgado de Valencia.
