La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) puso sobre la mesa, en su última reunión, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se hizo público a principios de semana. La conclusión que se extrajo en la asamblea es que son unas cuentas que no responden a las necesidades de la economía, en general, y de los empresarios, en particular; y pueden hipotecar el futuro del país.
Esta postura será la que le traslade su presidente, Antonio Garamendi, a la ministra de Hacienda -María Jesús Montero- en la reunión que prevén mantener durante la próxima semana. El encuentro se celebrará en un momento en el que los empresarios han recibido varios mensajes desde Moncloa que han hecho saltar las alarmas en el tejido productivo, al considerarlos perjudiciales para sus intereses, según detallan fuentes de la Junta Directiva.
La patronal considera arriesgada la aprobación de unos presupuestos expansivos en gasto, en un momento en el que el propio Gobierno ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB español, principalmente, por el menor aumento de la economía mundial y por un ajuste fiscal que será más alto del inicialmente previsto. En este contexto, abrir la mano podría afectar -a su juicio- a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo; algo que resulta especialmente peligroso en un momento en el que el Banco Central Europeo ha cerrado el grifo de crédito.
Los empresarios han sido especialmente críticos durante los últimos meses con la agenda fiscal del Ejecutivo y se han opuesto a la creación y el incremento de impuestos. En este sentido, lamentan que después del récord de recaudación que se obtuvo en 2018 (pese a ser 1,5% menor de lo estimado) se hayan anunciado o endurecido algunas tasas.
Fuentes de su Junta Directiva recuerdan que la recuperación económica ha sido asimétrica; y que una buena parte de las pymes y los trabajadores autónomos no ha superado las dificultades y necesita de incentivos.
En la CEOE, también avisan del efecto sobre el empleo que podría tener la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas. En especial, el 'destope' de las cotizaciones máximas y el aumento de la base mínima que tendrá lugar como consecuencia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional.
Fuentes de su Junta Directiva recuerdan que la recuperación económica ha sido asimétrica; y que una buena parte de las pymes y los trabajadores autónomos no ha superado las dificultades y necesita de incentivos. En este sentido, el incremento de los impuestos y las cargas sociales podría resultar perjudicial para una parte del tejido empresarial.
En la reunión entre Garamendi y Montero, el presidente de la patronal también prevé trasladarle lo que la patronal hizo público hace varias semanas, y es que las previsiones de recaudación para 2019 son excesivas. Ocurre lo mismo con la Tasa Google (1.200 millones), con la modificación del Impuesto de Sociedades (1.500 millones) y con el del gasóleo (670 millones).
Contra-reforma laboral
Entre los temas que también está previsto que se traten durante el encuentro se encuentra el relativo a la contrarreforma laboral, es decir, a la modificación de la ley del mercado de trabajo aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2012, que los sindicatos han planteado en la mesa de diálogo en reiteradas ocasiones durante los últimos tiempos.
El pasado diciembre, UGT y CCOO anunciaron un preacuerdo con el Ejecutivo que incluía algunas propuestas que la CEOE no había querido abordar, entre las que se encuentra la que prorroga la vigencia de los convenios colectivos durante todo el trascurso de la negociación de los nuevos. También la que pretende equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas a las que tienen los de la empresa principal –la reivindicación de 'las kellys'- y la que prevé el establecimiento de mecanismos para reforzar el control sobre el horario que realizan los empleados.
En la Junta Directiva de la patronal, también son reacios a modificar esta ley; y apuestan por priorizar la reforma de la negociación colectiva y a buscar acuerdos para flexibilizar las relaciones laborales.
