El Pleno del Congreso debatirá la próxima semana la toma en consideración de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por PSOE y Unidos Podemos para impedir un veto irreversible del Senado a la senda del déficit. Y el Gobierno ya está metiendo presión para conseguir que PP y Ciudadanos desbloqueen la reforma y su tramitación rápida. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dejado claro que si no se aprueba la nueva senda, habrá que subir más los impuestos a los españoles.
La senda que propuso el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas pasaba por dejar el déficit en el 1,8% en 2019, frente al 1,3% previsto anteriormente; reducirlo al 1,1% en 2020, frente al 0,5% inicial, y dejarlo en el 0,4%en 2021, frente al superávit del 0,1% que planteó el PP. Un margen extra de 6.000 millones que el Gobierno había decidido repartir casi por completo entre comunidades autónomas y Seguridad Social, para asegurarse su aprobación. Solo reservó una décima para el Estado.
Pero no fue suficiente. La senda fue rechazada en julio y el Gobierno optó por plantear un cambio en la Ley de Estabilidad a para evitar otro rechazo en agosto. Su intención era tramitar el cambio por la vía urgente para poder presentar el Presupuesto cuanto antes, pero tampoco le salió la jugada: PP y Ciudadanos utilizaron la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría, para tumbar el trámite de urgencia y lectura única de la Proposición de Ley firmada por varios grupos, obligando así a seguir el procedimiento ordinario y retrasando todo el proceso.
Quemando cartuchos
La próxima semana, el Congreso de los Diputados debilitará la posible reforma y habrá una nueva oportunidad para intentar tramitarla de forma rápida. De ahí que el Gobierno esté quemando sus últimos cartuchos para que PP y Ciudadanos cambien de parecer. Ese camino es que el ha llevado a la ministra de Economía a amenazar con más subidas de impuestos si no se soluciona el bloqueo.
Y es que el Gobierno ya tiene en mente algunas subidas fiscales para financiar los aumentos de gasto que ha prometido a los ciudadanos y que está pactando con Unidos Podemos para asegurarse su voto favorable a los Presupuestos. Se da casi por hecho que habrá una subida en el Impuesto de Sociedades, un nuevo impuesto para gravar las transacciones financieras, una subida del IRPF a las rentas más altas y una nueva tasa, la conocida como 'tasa Google', para gravar la economía digital.
Pero ahora el Gobierno ha dado un paso más al avisar a la oposición de que tendrá que hacer más subidas si el objetivo de déficit queda finalmente fijado en el 1,3% que pactó el PP. Lo cierto es que muchas de estas medidas quedarían en manos de las comunidades autónomas, que son las que se iban a quedar con gran parte del margen extra, pero es igual de cierto que el Ejecutivo tendría problemas serios para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.
No sería la primera vez que España no cumple los objetivos y que Bruselas hace la vista gorda
Lo que no podemos saber es qué medidas tiene en mente el Ejecutivo. Las negociaciones de estos días dan pie a pensar en muchas posibilidades, como cambios en la SICAV, una nueva figura que recaería sobre los bancos, limitaciones en las deducciones de planes de pensiones y otras tantas figuras. Solo el Ejecutivo sabe qué opciones baraja para ser más ambicioso en la reducción del déficit si no consigue modificar la Ley de Estabilidad.
En cualquier caso, no hay que olvidar que España se ha saltado en numerosas ocasiones los objetivos de Bruselas y que nunca ha sido sancionado por ello. En 2016 barajó la posibilidad de multar a España por no tomar medidas eficaces para reducir el déficit, pero todo quedó en una simple amenaza. Lo cierto es que nunca antes se han fijado sanciones por no cumplir el déficit, a pesar de que los países de la UE se han saltado 165 veces el Pacto de Estabilidad y en 114 ocasiones lo hicieron sin justificación alguna.
De hecho, esto hace que algunos partidos, como Unidos Podemos, resten importancia a la necesidad de contar con los nuevos objetivos de déficit. Ven el incumplimiento como algo habitual y llegan a considerar un poco absurdo la necesidad de aprobarlos cuando luego el país se los va a saltar. Pero Calviño viene de Bruselas y tiene la clara intención de hacer las cosas bien con los que han sido hasta hace poco sus jefes directos. Veremos si su amenaza, surte efecto.