Fernando Andreu, titular del juzgado de instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, acaba de asestar un nuevo golpe judicial a Banco Santander. El magistrado aceptará en el caso como presuntos perjudicados por la resolución de Popular a quienes fueron accionistas del banco en el último año de vida de la entidad, independientemente de cuándo comprasen sus acciones, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Como publicó este medio, el banco que preside Ana Botín quería que la Audiencia Nacional solo admitiese como perjudicados a aquellos accionistas de Banco Popular que compraron sus títulos en la ampliación de capital de 2016, pues es el objeto central de la investigación, y quería apartar del caso al resto.
Para ello, Santander presentó desde comienzos de junio una serie de recursos de reforma contra la personación de algunos afectados alegando que admitir como perjudicado en la causa penal a cualquier accionista o bonista de Popular supondría permitir la existencia de una causa general contra Banco Popular y los demás querellados.
"Permitir la personación de cualquier titular de productos financieros que haya perdido su inversión tras la Resolución de Banco Popular podría conducir al absurdo de que se personasen accionistas que adquirieron sus acciones en la entidad hace más de veinte años", criticó el banco cántabro.
Criterio de la fiscalía
No obstante, Andreu, siguiendo el criterio de la fiscalía, opina lo contrario, al menos de momento. "Como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, en el actual momento procesal debe admitirse la personación impugnada, dada la condición de accionista de la sociedad de la parte acusadora, y ello por la repercusión que en el valor de sus títulos pudieran haber tenido los hechos investigados", reza el auto.
El magistrado entiende que, si el equipo gestor de Popular perjudicó al banco, consecuentemente también a sus accionistas. "Sin duda, son también patrimonialmente perjudicados", aprecia Andreu, que admitirá la personación de todos aquellos afectados que fueron accionistas de Popular durante el periodo que investiga la causa.
El caso se divide en dos piezas separadas. La primera de ellas, la central, que investiga la ampliación de capital de 2016 y un posible falseamiento contable, y la segunda, que gira en torno a un presunto delito de administración desleal por parte de Emilio Saracho, por, según la querella, hundir el precio de la acción de Popular.
La resolución del juez, no obstante, no es firme, por lo que Santander puede interponer un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, supone un nuevo varapalo judicial para el banco después de que la semana pasada un juzgado de Madrid haya rechazado congelar una demanda presentada por enriquecimiento ilícito.
