El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que gracias a la cartas que está remitiendo el Ministerio de Trabajo a las empresas dentro del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 han aflorado 8.000 falsos autónomos que ya están cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social.
Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, afirmó que el Gobierno está comprometido con intensificar la creación de empleo y con la lucha contra la explotación laboral y el empleo digno y, en este contexto, encuadró el envío de cartas a las empresas.
Así, indicó que según los datos del Gobierno existen actualmente unos 130.000 falsos autónomos en la economía española y como consecuencia del envío de dichas cartas ya han aflorado 8.000 falsos autónomos, que ahora mismo están registrados en la Seguridad Social como lo que son, trabajadores por cuenta ajena.
"La lucha contra la explotación laboral y la creación de empleo digno es uno de los principales objetivos del Gobierno, que va a tomar más medidas en relación a este asunto, también relacionadas con las horas extraordinarias que no son retribuidas", apuntó Sánchez.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha puesto en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 a través del envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras de la normativa, especialmente en lo relativo al fraude en la contratación temporal y contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.
Los dos planes de choque de intervención inmediata contra el fraude en la contratación temporal y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial persiguen luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. Ambos están recogidos como parte del Plan Director.
Lucha contra el fraude
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó tras la aprobación del plan que su finalidad es perseguir a aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores.
La aplicación de los dos planes de choque se extenderá hasta diciembre y tiene como objetivos regularizar el fraude detectado, aportando mayor estabilidad a los trabajadores y mayor seguridad en cuanto a sus jornadas, así como generar un efecto disuasorio entre las empresas incumplidoras.
