Con la detención del comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', ya son tres los policías detenidos desde el pasado noviembre, arrastrados por su relación con José Manuel Villarejo. Ya nadie en el Cuerpo se atreve asegurar que no habrá más. El secretismo con el que el juez, los fiscales y la Unidad de Asuntos Internos llevan sus pesquisas en torno a las actividades de Villarejo mantiene en vilo a una institución, consciente de la extensa red de contactos que manejaba el comisario.
Villarejo fue detenido en el marco de la operación Tándem junto al excomisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca. De lo que se le acusa es de compaginar su actividad como funcionario con la de detective privado y cobrar por los servicios que le prestaba a grandes empresarios. Para avanzar en sus investigaciones particulares recurría habitualmente a sus contactos dentro de la Policía.
Así lo explican los informes de la Fiscalía a los que ha tenido acceso Vozpópuli: “Simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de ‘inteligencia’ para sus clientes, aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial”. Al menos en uno de estos trabajos cobró 300.000 euros de un despacho de abogados, que le había encargado investigar a unos exempleados.
Para ello se saltó los límites legales y accedió a información prohibida, incluso valiéndose de un inspector de Hacienda, aún por identificar. Al menos en esa investigación, Villarejo le aseguró a sus clientes que su plan era acabar presentando una denuncia contra los exempleados ante la Policía Nacional y que ya fuese después el Cuerpo para el que él mismo trabajaba quien prosiguiese las pesquisas. Así hicieron, concretamente ante la Brigada de Investigación Tecnológica. Esto provocó que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid abriese una investigación.
'El Gordo' y Villarejo una vieja amistad
La detención este miércoles de Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, -junto a la del también policía Antonio Bonilla- corrió como la pólvora en chats de policías que estos días prefieren usar plataformas como Telegram o Signal, más seguras que WhatsApp. La detención de un personaje como ‘El Gordo’ se habría antojado impensable hace sólo unos años cuando este comisario principal era considerado una pieza intocable. En una institución habituada a cambios en sus puestos de responsabilidad cada vez que hay un cambio de Gobierno, García Castaño siempre permanecía en su puesto al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Era el enlace con algunos de los servicios de inteligencia extranjeros más prestigiosos, su papel era el de proporcionar dispositivos de escuchas o equipos de vigilancia a las unidades investigadores. Además, su departamento manejaba la gestión de confidentes en la Comisaría General de Información. Tenía conocimiento de las pesquisas más sensibles. Sin embargo, el año pasado el ministro Juan Ignacio Zoido le cesó de su puesto y su estrella comenzó a apagarse en paralelo a la de Villarejo. En la Policía era conocida la vieja amistad entre ambos, sujeta a distintas fases a lo largo del tiempo.
El 4 de mayo de 1995 el diario El Mundo publicó una información titulada “Interior encargó el informe Véritas”, una investigación que acusaba con pruebas falsas al entonces juez Baltasar Garzón de participar en orgías con prostitutas y cocaína de la mano de un traficante de armas. El magistrado había dejado el Gobierno de Felipe González y había retomado la investigación sobre los GAL. La información contaba que la Policía había querido “zanjar el escándalo depurando a tres simples funcionarios policiales: Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo”.
La noticia aclaraba que, de los tres, sólo Villarejo habría participado en las maniobras contra Garzón. Él mismo comisario lo reconoció en la entrevista que le concedió al periodista Jordi Évole en marzo del año pasado, pero culpó a la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Robles, de habérselo encargado. Hoy, 23 años después, los mismos protagonistas siguen en primera línea aunque con papeles cambiados. Garzón es el abogado de ‘El Gordo’, Margarita Robles es la ministra de Defensa y el entonces director general de la Policía que cesó a los tres “simples funcionarios” es Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa, el ‘número dos’ de Robles.
La relación entre García Castaño y Villarejo se enfrió un tiempo a raíz de la difusión en 2015 del audio del encuentro que mantuvieron ambos cuatro años antes con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablar de su ático de Marbella. Aquello le costó la dimisión al político, que había acudido a la cita invitado por el propio García Castaño. Los últimos meses ‘El Gordo’ advertía a su círculo de confianza de que Villarejo se estaba equivocando al enfrentarse a tantos enemigos, entre ellos el CNI de Félix Sanz Roldán.
Visita a los investigadores
‘El Gordo’ llevaba tiempo inquieto, intuía que podía ser acusado y llegó a ofrecerse al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Villarejo para colaborar. Así lo refleja el comunicado que difundió el despacho de abogados de Baltasar Garzón tras el arresto de su cliente: “se presentó voluntariamente ante su señoría y se le dijo que no había nada contra el mismo. Asimismo, ese día, a propuesta del señor Magistrado-Juez, se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, poniéndose a su disposición, sin que se le vinculara al procedimiento”. Finalmente, fue arrestado acusado de facilitar las investigaciones parapoliciales de su viejo amigo.
Tanto el comisario al frente de la Unidad de Asuntos Internos, Francisco Miguelañez, como los fiscales Stampa y Serrano actúan con discreción desmenuzando la cantidad ingente de documentación que incautaron en los domicilios de Villarejo. Entre ella se encuentran horas y horas de audios y grabaciones ya que era el propio comisario el que se encargaba de grabar todas sus reuniones como se ha demostrado con las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
La estrategia judicial
Al arresto de Villarejo le ha seguido un goteo de detenciones, que da muestras de que la causa avanza a su ritmo. A medida que los investigadores van teniendo indicios suficientes contra algún sospechoso, actúan. Villarejo permanece en prisión preventiva. Ha pedido en varias ocasiones su excarcelación, pero el juez se la ha denegado, por el momento. Un preso no puede estar en situación preventiva en España más de la mitad de la pena a imponer en virtud de sus delitos. A los dos años, las autoridades están obligadas a revisar la situación del preso preventivo. La investigación del caso Tándem se prevé larga dada la gran cantidad de documentación intervenida.
Fuentes cercanas al caso indican que el objetivo ahora mismo pasa por cerrar las piezas que se encuentran ya avanzadas como la que afecta a una investigación sobre el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, el espionaje a los exempleados del despacho de abogados y la relacionada con los responsables de la exclusiva urbanización La Finca. La Fiscalía busca poder llevar a juicio al excomisario por alguna de estas piezas para que sea condenado en firme y seguir investigando en la causa principal.
Los últimos años, Villarejo prestó servicios tal y como él siempre dice como "agente encubierto" y estuvo destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional bajo el paraguas de Eugenio Pino. La consecuencia de aquella época fue una sucesión de escándalos en la prensa y acusaciones de policía política por las maniobras contra independentistas catalanes y dirigentes de Podemos. Esto provocó que el sucesor de Pino reconociese en su toma de posesión la perdida de credibilidad de la Policía ante los jueces y la necesidad de recuperar la imagen. El Cuerpo llevaba desde entonces apartado de la polémica, pero detenciones como la de 'El Gordo' vuelven a poner el foco sobre la institución, temerosa de que no sea el último sobresalto.
