La Fiscalía de Braunschweig, que es la encargada de las investigaciones porque se encuentra cerca de la localidad de Wolfsburg, donde el grupo tiene su sede central, considera tras sus investigaciones que se produjeron incumplimientos del deber de supervisión en la división de desarrollo de agregados relacionados con las pruebas de vehículos. Volkswagen ha informado en un comunicado que recoge Efe que no recurrirá y que acepta la multa. Es su modo de asumir su responsabilidad en la crisis del diésel.
Estos incumplimientos hicieron que desde mediados de 2007 y hasta 2015, 10,7 millones de vehículos con el motor diésel EA 288 de la tercera generación en EEUU y Canadá y con el motor EA 189 en otros países estuvieran equipados con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación. De este modo concluye el proceso por infracción reglamentaria, lo que para Volkswagen "tendrá efectos positivos notables" sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa.
Las crisis del diésel le ha obligado a la compañía a pagar acuerdos extrajudiciales, multas y modificaciones en los vehículos multimillonarias, sobre todo en Norteamérica, y ha lastrado su resultado con elevados extraordinarios. El grupo ha provisionado casi unos 26.000 millones de euros para esta crisis.
