Google no quiere pagar nuevos impuestos en la Unión Europea (UE). La compañía norteamericana es la segunda empresa que más presión ejerce dentro de la Comisión Europea para evitar la nueva tasa que Europa prepara para Google, Apple, Facebook y Amazon.Google ha mantenido en lo que va de año seis reuniones con directivos de la Unión Europea para discutir sobre tasas e impuestos. Ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017 hubo reunión alguna en torno a este concepto. Dos de estas reuniones se produjeron en marzo, coincidiendo con el anuncio de que la UE preparaba una tasa especial para empresas tecnológicas. Google cuenta con un presupuesto para ejercer lobby, según documentación pública de la UE, de 5,5 millones de euros.Entre los diez primeros puestos con mayor poder de presión sólo aparece otra compañía tecnológica más de Estados Unidos. Se trata de Microsoft. La empresa fundada por Bill Gates ocupa el puesto número siete por nivel de presión dentro de la Comisión Europea, según datos de la UE. En cuanto a su presupuesto para ejercer presión, se fija en 4.7 millones de euros.
En Europa viven 508 millones de personas, casi el doble del mercado potencial de Google en Estados Unidos
Facebook, Amazon y Apple no aparecen entre las diez primeras corporaciones por nivel de lobby dentro de la UE, pese a que el nuevo impuesto que prepara Bruselas les afectaría directamente y supondría una tasa impositiva de entre el 2% y el 6% adicional sobre el total de ingresos de cada compañía.El mercado de la Unión Europea es de suma importancia para los intereses de Google, en virtud siempre de su tamaño y potenciales clientes. Sólo en Europa viven 508 millones de personas distribuidas entre los 28 Estados miembros. Por contextualizar, la cifra supone casi el doble del mercado patrio de Google. En Estados unidos viven 325 millones de personas.
Impuesto tecnológico en España
La tasa a las tecnológicas está también en la mente del gobierno de Mariano Rajoy. Hace sólo unos días Cristobal Montoro, responsable de la cartera de Hacienda, anunciaba la creación de una tasa que afectará a las grandes tecnológicas en suelo español.El objetivo es recaudar aproximadamente unos 1.500 millones de euros en 2018 y 1.900 millones en 2019, que se destinarían al pago de las pensiones. Un impuesto que se mantendrá siempre y cuando haya déficit en la caja de la seguridad social.
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