Un sargento de la UCO de la Guardia Civil, que instruyó varios atestados sobre la concentración de ayudas de la Junta con cargo al fondo de los ERE a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, ha declarado hoy que estas ayudas "eran opacas" y "se daban por vecindad, amistad o afinidad política".
El agente ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre 2001 y 2010 el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos.
En su caso investigó concretamente las ayudas sociolaborales para la prejubilación de trabajadores del restaurante Riogrande de Sevilla y la concentración de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, especialmente a sociedades de los exediles del PSOE en El Pedroso José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago, que llegaron a recibir ayudas por 34 millones.
A preguntas del fiscal, el sargento ha señalado que entre enero de 2003 y abril de 2004 "hay un crecimiento exponencial" de ayudas a empresas de esta comarca que "coincide con la etapa en la que José Antonio Viera -exconsejero de Empleo juzgado en esta causa- es presidente del IFA", el ente público a través del que se pagaban las ayudas que concedía la Consejería de Empleo con fondos que ésta le hacía llegar mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir la fiscalización previa.
Ha declarado que se llegaron a aprobar cinco ayudas para empresas por un total de seis millones de euros cuya investigación constató que estaban vacías de contenido y no tienen trabajadores
El investigador ha relatado que en una misma sesión del Consejo Rector del IFA, presidido por Viera, se llegaron a aprobar cinco ayudas para empresas de Rosendo y Sayago por un total de seis millones de euros, empresas que la investigación constató que estaban "vacías de contenido, no tienen trabajadores, son meros instrumentos para captar fondos públicos".
También ha apuntado a la concentración de hasta 8 millones en ayudas a empresas del sector del corcho del que fuera alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla.
Ha subrayado que en la mayoría de los casos no consta solicitud de ayuda por parte de las empresas ni expediente administrativo de concesión ni seguimiento de las mismas ni "se intentó su reintegro" cuando un informe de auditoría detectó irregularidades en algunas de ellas.
"No había absolutamente nada, el procedimiento era totalmente opaco", ha repetido en varias ocasiones.
Una opacidad que se producía también porque la convocatoria de ayudas no era publicada y al final esas ayudas se daban "bien por vecindad, por relaciones de amistad y también por afinidad política", ya que en el caso de la Sierra Norte hay "muchísimos alcaldes socialistas" beneficiarios, y "es imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer" su existencia.
Eran ayudas "al margen de lo que debería haber sido utilizado", el Reglamento de Subvenciones de la Junta que aprobó la Consejería de Presidencia a finales de 2001, tres meses después del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que se creó el llamado "procedimiento específico" para pagar estas ayudas a través del ente público.
