Los magistrados del Tribunal Constitucional reciben dos viernes al mes el orden del día del pleno que celebran desde los martes hasta los jueves. Los magistrados estudian entre pleno y pleno las sentencias o los autos que van a dictar en esas sesiones. Sin embargo, en los últimos meses estos planes se vienen abajo porque han de incorporar a la discusión alguna cuestión relacionada con el desafío independentista. En su lenguaje, este añadido al orden del día se llama adición. Pues bien, en el pleno de esta semana se repite la historia y los jueces van a decidir si admiten o no la demanda en la que el Gobierno pide la suspensión de la sesión de investidura de Carles Puigdemont.
Los magistrados son conscientes de que tienen que devolver el conejo que se sacaron de la chistera cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy les pidió que, contra el criterio del Consejo de Estado, frenaran preventivamente las intenciones del secesionismo, suspendiendo la proclamación de Puigdemont como presidente prevista para el pasado 30 de enero. Los jueces ya tienen encima de la mesa los dictámenes de las partes implicadas, entre ellos el del candidato fugado, que se ampara en la Carta Magna para pedir a los togados que no acepten la demanda gubernamental.
El TC ha aprobado una adición, es decir, incorporando en el pleno de esta semana la admisión o no del recurso del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont
En su escrito, el líder independentista defiende su derecho a ser investido como president y acusa a los jueces “de la jurisdicción penal”, es decir, al Tribunal Supremo, de llevar a cabo “una intromisión ilegítima en el funcionamiento de una cámara parlamentaria” por haber dictado su ingreso en prisión, y el de los consejeros que huyeron junto a él a Bélgica, así como de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez (aspirante a presidir el Govern), Jordi Cuixart y Joaquin Forn. Además, acusa al TC de otorgar “un trato discriminatorio” hacia “determinadas opciones políticas”. En un escrito posterior, Puigdemont pide al TC que resuelva el recurso del Gobierno porque hasta que no se dicte esta resolución no puede acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los jueces del alto tribunal no van a eludir esta patata caliente, aunque en un principio pensaron que no iban a tener que entrar en el fondo del asunto porque Puigdemont no podía ser elegido, ya que insiste en su vida de político errante. Sin embargo, los magistrados van a aceptar, algunos de ellos a su pesar, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy porque si algo han aprendido en los últimos meses es que la palabra de Puigdemont no vale nada. La pasada semana, Puigdemont le hizo el pasillo al preso Sánchez, pero hay fundadas sospechas de que si el TC no le cierra las puertas y las ventanas reincidirá en su intención de ser elegido presidente.
La decisión del TC dejará sin efecto las medidas cautelares que aprobaron el pasado mes de enero, en las que exigían la presencia del huido en Bélgica en la cámara catalana después de contar con la autorización del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para asistir a la sesión de investidura. Por ello, en la resolución que se conocerá esta semana no van a marcar nuevas pautas de actuación, salvo que la elección de Puigdemont queda suspendida hasta que dicte sentencia dentro de unos meses.
Algunos magistrados muestran su preocupación por tener que dedicar tanto tiempo a Cataluña, restándole dedicación a asuntos que afectan al conjunto de los españoles
Esta adición retrasará el debate de otras sentencias de importante calado como es el recurso presentado por el PSOE y varias comunidades autónomas contra la LOMCE. Hace un par de semanas, el TC ya tumbó las ”becas Wert” para estudiar en castellano en Cataluña. Ahora deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de la segregación por sexos en los colegios y las clases de religión y de ética. Otro asunto pendiente de fallo es el que afecta a la relación del Gobierno con el Parlamento, es decir, a la capacidad del Ejecutivo de vetar propuestas de la oposición.
Algunos jueces del TC explican que empiezan a estar cansados de tener que dedicar tanto tiempo a unos dos millones de ciudadanos, los votantes de los partidos independentistas catalanes, y restarlo al resto de españoles que esperan respuestas a temas tan sensibles como la educación o la gobernabilidad. Por ello, reiteran que el desafío catalán debe ser resuelto por los políticos. Y comparan esta crisis con la de un enfermo en fase terminal. “Cualquier solución siempre es mala”, afirman. Y es que como dijo Lord Byron: “Apenas son suficientes mil años para formar un Estado, pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo”. Bien lo saben los jueces del TC que emplean una hora, o unas horas, en desmontar la República catalana. Y lo hacen porque, a pesar de sus quejas, en el fondo saben que en esta ocasión lo urgente coincide con lo importante.
