La cúpula de Pablo Iglesias viene apostando insistentemente por una mediación entre Gobierno y Generalitat en la crisis de Cataluña, esto es, que ambas partes acuerden sus equipos de interlocutores como paso previo al inicio de conversaciones. Sin embargo, llama la atención cómo Iglesias rechaza esa fórmula de mediación para su propio partido el conflicto de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE) y la manipulación de los textos reglamentarios aprobados por la militancia en Vistalegre II.
Si la deriva del presidente del Generalitat, Carles Puigdemont, se ha llamado "golpe separatista", lo de Pablo Iglesias se conoce dentro y fuera del partido como el "golpe de los Estatutos", perpetrado en los meses de julio y agosto. La secretaría de Organización de Podemos, dirigida por Pablo Echenique, se encargó de transponer los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana estatal de febrero a unos nuevos Estatutos. Sin embargo, esta traslación modificó sustancialmente una serie de artículos de esos reglamentos votados por las bases. Por esta razón, Olga Jiménez, presidenta de la Comisión de Garantías (el tribunal de Podemos) se opuso a validar tales cambios.
Esta negativa le costó a Jiménez la apertura de un expediente de suspensión (cuya resolución está todavía pendiente de comunicar) por supuestamente "excederse en sus funciones". Ello ha dejado a este órgano de garantías en manos de afines a la cúpula de Iglesias. Ante esta depuración, la mayoría de las comisiones de garantías autonómicas se reunieron el 31 de agosto en Madrid y reclamaron a la Ejecutiva que revocase los nuevos estatutos y rehabilitara a la presidenta de la Comisión de Garantías estatal.
Desde el entorno de Olga Jiménez se ha planteado la posibilidad de constituir una "Comisión Mixta", como fórmula de mediación
Sin embargo, la dirección morada rechazó de plano tales demandas y confió cualquier decisión a la Comisión de Garantías interina, de la que Jiménez y otros miembros que le apoyaron (Jesús Calpe y Nuria Martín) han sido apartados. Tanto es así que el aparato, manejado por Echenique, incluso les ha requisado las claves de acceso al correo electrónico de dicha comisión, al que llegan denuncias y expedientes de otros ámbitos del partido.
A fin de buscar una salida a esta situación, y ante la cerrazón de Iglesias y su núcleo duro, desde el entorno de Olga Jiménez se ha planteado la posibilidad de constituir una "Comisión Mixta", como fórmula de mediación, donde estén representadas todas las partes implicadas, incluida la secretaría de Organización de Echenique.
Pero, además de esta mediación, la Comisión de Garantías de Podemos Andalucía también ha propuesto (así lo acordó en una resolución aprobada el 16 de septiembre) que se convoque un "Pleno federal" de las comisiones de garantías autonómicas para explorar soluciones, como ya lo hicieron el pasado 31 de agosto en Madrid. A esa cita acudieron representantes de 12 de las 16 comisiones de garantías autonómicas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Canarias, Navarra y La Rioja.
El órgano de garantías de Podemos Andalucía, delegación que encabeza la anticapitalista Teresa Rodríguez, planteó el 16 de septiembre que, "dada la gravedad de la situación sobrevenida en este conflicto", se celebrara a primeros de octubre una reunión de "todas y todos los miembros de la CGDE" (es decir, también los tres apartados) junto con los plenarios de las comisiones de garantías regionales. A ese "Pleno federal", añade el texto, se invitaría a una representación de la secretaría de Organización estatal "con el fin de concretar, mediante el diálogo, la cooperación que supere esta crisis".
