La quiebra de Reyal Urbis, la segunda mayor ocurrida en España tras la de Martinsa Fadesa, deja un agujero en las arcas del Estado de 1.273 millones de euros. A la espera de lo que los administradores de la compañía al frente del proceso puedan recuperar durante la liquidación, son los ciudadanos españoles los principales afectados por la quiebra: Hacienda (443,6 millones) y Sareb (829,9 millones) son los mayores acreedores de la inmobiliaria.
La empresa comunicó ayer martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el inicio de la fase de liquidación dictado por el juzgado mercantil número seis de Madrid. La compañía se declaró en concurso de acreedores en el año 2013, con un pasivo superior a los 4.000 millones de euros. Desde entonces ha tratado de evitar la liquidación proponiendo convenios de pago con los acreedores poco realistas.
Deuda con Hacienda
En sus últimas cuentas, las del ejercicio 2016, Reyal Urbis indica que el total de su deuda con las Administraciones Públicas (Hacienda y Seguridad Social) ascendía, a 31 de diciembre del pasado año, a 443,6 millones de euros. Más de 111 millones responden a intereses debidos por aplazamientos de pago.
La relación de Reyal Urbis con Hacienda desde que la empresa se declarara en concurso de acreedores hace cuatro años ha sido de un regate continuo y aplazamientos de pago que han elevado el coste de los intereses.
Reyal fue a concurso el 19 de febrero de 2013, un día antes de que venciera una deuda con Hacienda de 76,5 millones
La inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría se declaró en concurso de acreedores un día antes de tener que pagar a Hacienda 76,5 millones de euros. La empresa fue a concurso el 19 de febrero de 2013. Y en las cuentas de 2012, la compañía explicaba que no había atendido "el primer vencimiento de los importes aplazados pendientes de pago con Hacienda Pública previsto para el 20 de febrero de 2013 por principal de 76,5 millones de euros más los intereses devengados a la fecha". A 31 de diciembre de 2012, la deuda con Hacienda de Reyal ascendía ya a 372,8 millones.
Con anterioridad, Reyal Urbis había conseguido que Hacienda aplazara el pago de su deuda, lo que impidió que la empresa fuera a concurso de acreedores mucho antes. En el año 2010, Hacienda autorizó a la inmobiliaria el aplazamiento del pago de unos 300 millones de euros, con lo que la empresa logró refinanciar su deuda con las entidades financieras acreedoras.
La compañía ha ido aplazando el pago a Hacienda año tras año, incrementado el coste de los intereses. El grupo explica en sus cuentas de 2016 que por el aplazamiento de pago acordado con Hacienda hasta el año 2013, afronta el pago de intereses por importe de 111,4 millones de euros. Cuenta también con recargos de apremio por otros aplazamientos de actas firmadas por valor cercano al millón de euros. Y también una deuda con Hacienda de 17,3 millones por "los pasivos relativos a las actuaciones inspectoras finalizadas en el ejercicio 2013 en relación a diversos impuestos presentados liquidados por la Sociedad entre los ejercicios 2007 a 2010".
Deuda con Sareb
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es el primer acreedor de Reyal Urbis. De acuerdo a las cuentas de 2016 de la compañía, la deuda con el organismo semipúblico ascendía a 31 de diciembre de ese año a 829,9 millones de euros.
La Sareb fue creada en noviembre de 2012 por el Gobierno para facilitar el saneamiento del sector financiero español. Las entidades financieras con problemas traspasaron al organismo activos por valor superior a los 50.780 millones de euros, un 20% de ellos inmuebles y el resto préstamos y créditos al promotor. El 45% de su capital está en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el resto es propiedad de bancos españoles.
Reyal aprobó en 2016 que cada consejero recibiría este año 4.000 euros por asistir al consejo de administración, incluso si delegaba su presencia
La compañía explica en las cuentas de 2016 que la deuda con Sareb se encontraba registrada hasta el ejercicio 2012 en el epígrafe Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros del pasivo corriente. Con la creación de la Sareb, las entidades financieras acreedoras traspasaron buena parte de su deuda al organismo. Reyal señala que hizo dicho traspaso "incluyendo la totalidad de importes adeudados a las entidades financieras que son cedentes, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, de activos a Sareb, a falta de recibir comunicación formal de cesión de la totalidad de posiciones por parte de las mencionadas entidades financieras cedentes".
Sueldos cuestionables
Desde que Reyal Urbis se declaró en concurso de acreedores, su presidente, Rafael Santamaría, no ha dejado de cobrar año tras año más de un millón de euros en metálico. De acuerdo a los informes de Gobierno Corporativo de la inmobiliaria, Santamaría cobró 1,3 millones de euros en 2013; 1,08 millones en 2014; 1,09 millones en 2015; y 1,08 millones en 2016. En total, el presidente de Reyal ha cobrado 4,55 millones de euros desde que la empresa se declarara en concurso de acreedores.
A pesar de su delicada situación, la empresa ha sido generosa con los miembros de su consejo de administración. El pasado año, cuando la inmobiliaria se acercaba ya a la liquidación, tras cuatro años en concurso de acreedores, la compañía aprobó que para el ejercicio 2017 cada consejero cobraría 4.000 euros brutos por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración. Incluso si los consejeros no acudían y delegaban su asistencia, recibían dicha cantidad. El presidente percibiría por asistencia a los consejos este año 8.000 euros.
Entre los miembros del consejo de administración de Reyal Urbis, compuesto por seis personas, se encuentran el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, que el pasado año recibió por dietas por asistencia al consejo por importe de 48.000 euros.
