Opinión

Cristina, las 'black' y el collar de la reina

El famoso talónmanista partió el jueves tarde de regreso a Suiza con su pasaporte en ristre, sin que las jueces le impusieran fianza, esa fianza testimonial que habría abonado con gusto, es un decir, su augusto suegro, con la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante un juzgado… de Ginebra.

  • Imagen de archivo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en las calles de Barcelona.

“En los primeros días del mes de abril de 1784, aproximadamente a las tres y cuarto de la tarde, el viejo mariscal de Richelieu, antiguo conocido nuestro, después de haberse impregnado las cejas con un tinte perfumado, rechazó con la mano el espejo que sostenía su ayuda de cámara, sucesor, pero no sustituto, del fiel Rafté, y, moviendo la cabeza con aquel gesto que le era propio, dijo:

-Vamos. Ya estoy preparado”.

Así arranca “El collar de la reina”, la novela de Alejandro Dumas centrada en el relato de una de las estafas más famosas de la historia, de la que fue víctima, en 1785, el cardenal de Rohan, obispo de Estrasburgo, y en el que se vio implicada la reina María Antonieta. La acción gira en torno a la búsqueda de un hermoso collar de diamantes valorado en 1,7 millones de libras, que la reina rechaza en principio comprar por considerar que es demasiado ostentoso cuando el pueblo tiene dificultades para poder comer todos los días. Un caso de corrupción que hubiera pasado sin pena ni gloria de no haber sido porque el malestar general del país era ya insoportable. El conocimiento público del engaño se transformó en un gran escándalo político y social que contribuyó a hundir la imagen pública de la reina, pero, sobre todo, desgastó de manera brutal los cimientos de la monarquía de Luis XVI en unos momentos de gran crisis económica y social, hasta el punto de que el affaire del collar suele considerarse como un claro antecedente a la Revolución francesa.

Salvadas todas las distancias, que por fortuna son muchas, algunos han querido ver estos días un cierto paralelismo entre la sentencia dictada por un tribunal de Palma sobre el 'caso Nòos' y el collar de diamantes de María Antonieta. “La Justicia es igual para todos”, dijo Juan Carlos I en su discurso de Navidad del 24 de diciembre de 2011. El viernes 17 de febrero del 2017, tres magistradas mallorquinas se encargaron de recordarnos que esa igualdad es desiderátum desconocido en España. Vale la genial reflexión, más que un chiste, de El Roto en El País: “La Justicia es igual para todos. Las sentencias, no". Contra toda evidencia, sus señorías decidieron refugiarse bajo el paraguas de la doctrina de la mujer florero, en un fallo que ha provocado la indignación de no pocos ciudadanos castigados desde que estalló la crisis por un permanente goteo de casos de corrupción. Tan expectante como escamado, Juan Español esperaba este jueves la resolución del mismo tribunal sobre la prisión provisional de Iñaki Urdangarín. Si la justicia del común no vale para la Infanta, que valga al menos para el plebeyo de su marido. Pues no. Tampoco. El famoso talónmanista partió el jueves tarde de regreso a Suiza con su pasaporte en ristre, sin que las jueces le impusieran fianza, esa fianza testimonial que habría abonado con gusto, es un decir, su augusto suegro, con la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante un juzgado… de Ginebra.

Salvemos a la Corona y démosle carnaza al populacho. Castiguemos de forma desproporcionada hasta al botones de Bankia por tirar alegremente de Visa.

Apenas un par de horas después de que la Audiencia Provincial de Baleares permitiera al “duque empalmado” retirarse a sus aposentos ginebrinos entre el estupor general, los españoles, no quieres caldo, se encontraban con la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, ponente Teresa Palacios, condenando a severas penas de cárcel a los 65 acusados de un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012. 12,5 millones, el chocolate del loro comparado con los miles de millones que costó el rescate bancario. Seis años entre rejas para Miguel Blesa (Caja Madrid), y 4 años y 6 meses para Rodrigo Rato (Bankia). ¿Quién es la mano que mece la cuna? La casualidad, ya lo saben, es el plato que cocinan los listos para alimento de tontos. Salvemos a la Corona y démosle carnaza al populacho. Castiguemos de forma desproporcionada hasta al botones de Bankia por tirar alegremente de Visa, a cambio de sacar al duque y a su ofendida Infanta de las portadas. Muchos de los ahora condenados, si no todos, saldrán indemnes tras la correspondiente casación, pero para entonces Iñaki y Cristina pasarán felices sus días en Lisboa o en Bahamas comiendo perdices. ¿Nuestro caso Dreyfuss, con chorizos tan principales como el señor Rato?

Un gran tribunal o un descomunal manicomio

Doña Justicia en compañía de don Corrupto. Como el resto de instituciones que han desempeñado un papel nuclear en el régimen del 78, la judicatura ha llegado a la última posta tan “malita” de corrupción como todo lo demás, como la Corona, los partidos, las élites, el periodismo, los jueces… Un país que se levanta cada día, tal que este viernes, con noticias sobre jueces y corruptos llenando las portadas de los medios de comunicación es un país enfermo. Un país convertido en un gran tribunal o un descomunal manicomio. Se extiende entre nobles y plebeyos la sensación de indefensión que provoca la actuación de una Justicia que se sabe lejos del fiel de la balanza, su larga toga tironeada por la politización, la incompetencia, la corrupción, las filias y fobias ideológicas y de partido. Esa Justicia tan poderosa como poco fiable, tan arbitraria, de la que solo cabe huir, escapar, esconderse. Transitar por la vida sin dar motivo a que ningún juez venal tenga ocasión de fijarse en nosotros. Esa Justicia entendida o temida como “Yo, el Supremo”, la magistral novela de Roa Bastos, un tipo de dictadura ante la que el sentimiento popular se escinde entre el deseo de rebelión y el estoicismo de la resignación.

Algunos jueces imparten Justicia mientras otros la reparten. “La Audiencia ha dictado unas penas proporcionales para todos los condenados [de las black], que consideramos acordes con la alarma social que causó el conocimiento de estos hechos bochornosos”, aseguraba el viernes el editorial de un importante diario madrileño. ¿La alarma social como delito? ¿La misión de los jueces es aplicar la ley tal cual o dictar sentencia de acuerdo con cuestiones tan subjetivas y alegales como esa “alarma social”? Anegados por una gigantesca ola de demagogia populista. La politización escandalosa de la Justicia, con jueces y fiscales prestos a poner la oreja para atender lo que dice la calle. Jueces y fiscales que entran y salen de la política, al servicio de los partidos, y vuelven al estrado como la cosa más natural del mundo. Es el caso del juez Pedro Izquierdo, secretario general de Justicia que fue en la Junta andaluza entre 2008 y 2014, que oficiará como ponente en el juicio por la rama política del caso de los ERE, que sentará en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 ex altos cargos del Ejecutivo autonómico. Izquierdo ha afirmado campanudo que no cree que deba abstenerse en esta causa.

Un país que se levanta cada día con noticias sobre jueces y corruptos llenando las portadas de los medios es un país enfermo. Un país convertido en un gran tribunal o un descomunal manicomio.

Justicia necesitada de un reseteo radical, completo. De una revolución. Salta a la vista el error que algunos cometieron al pretender endosar a la Justicia la tarea capital de la regeneración democrática, con los jueces convertidos en chamanes capaces de lavar las miserias de una sociedad entregada al becerro de oro del dinero. Los más avisados hablan ahora del riesgo que para la salud democrática supondría el anuncio de un principi d'acord, la guinda del pastel, el fin de fiesta, entre Madrit y los delincuentes de la marca catalana, en línea con ese objetivo no declarado del prusés consistente en que la pujolada pueda volver a echarse a la calle, Paseo de Gracia arriba y abajo, orgullosa de haberse conocido y mucho, mucho más rica. Les fleurs du mal que apuntan ya en el jardín de las “razones de Estado". Una orgía de perdón mutuo, con CNI, con partidos, con jueces, con prensa, todos juntos y en unión, con olvido de delincuentes y caminemos todos juntos, y yo el primero, por la senda de una amnistía que selle los años locos en los que todos saqueamos lo que pudimos y más. Pelillos a la mar, omertà compartida, componiendo la figura de una silenciosa “ley de punto final”, con salida por la puerta de atrás de los Granados, Chaves, Millets y demás fauna irremediablemente hispana. Y el regreso de Larra, de Galdós, de Valle… con el filo descarnado de su denuncia a cuestas.

¿Nadie escapa a la acción de la Justicia?

Cerremos la puerta a la desesperanza. Abjuremos del collar de la reina. Habla Rafael Mendizábal, un hombre justo que fue presidente de la AN, presidente de Sala del Supremo y magistrado del Constitucional, cuyo criterio siempre he respetado: “Creo que no hay crisis en la Justicia. Yo he vivido 40 años de franquismo y otros 40 en democracia y puedo decir que la sociedad española, con sus momentos de nervios, incluso de paroxismo, es más fuerte que nunca. Hay ahora mismo 1.400 procesados por corrupción y creo que tanto el periodismo como la Justicia han sabido responder al reto. No hay crisis: lo que hay es frivolidad y superficialidad a la hora de afrontar las cosas, de analizar la realidad: todo se teatraliza, todo se frivoliza, todo se tertuliza, todo el mundo echa aquí su cuarto a espadas sin la menor reflexión. ¿Te imaginas a una infanta de España sentada en el banquillo durante el reinado de Alfonso XIII? Es verdad que tenemos problemas, algunos tan graves como el catalán, pero creo que tienen solución, porque esta sociedad, que es mucho más compleja que la del siglo pasado, es también más fuerte, más cohesionada, y sobre todo más culta, a pesar del griterío que trae aparejado la libertad. De modo que miremos las cosas con un poco de calma y prudencia. De una forma u otra, más pronto o más tarde, nadie escapa en España a la acción de la Justicia”.

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