Las corporaciones locales volverán a cerrar 2016 en superávit y será el quinto consecutivo. Además, están reduciendo año a año su deuda y es probable que acaben el año en el objetivo inicialmente fijado para el año 2020 (3%). Pero ¿están realmente tan saneadas como parece? Según un pormenorizado informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la situación es buena en términos agregados, pero presenta una gran heterogeneidad si se atiende a cada caso, especialmente al de los ayuntamientos.
De hecho, el organismo fiscalizador asegura que 789 ayuntamientos tienen una deuda que supera en un 75% sus ingresos corrientes, lo que significa que necesitan autorización para endeudarse. Y de ellos la mitad, unos 377, no pueden endeudarse más porque su deuda ya supera en un 110% sus ingresos. Y ahí no acaba la cosa, unos 90 ayuntamientos necesitarán 15 o más años para poder dejar su deuda por debajo del 75%. En algunos casos la situación es incluso crítica y podría considerarse estructural.
Gandía, Jaén o Navalcarnero son algunos ejemplos de los consistorios que se encuentran en esta situación. Para entender la gravedad de la situación vamos a hablar de un ejemplo concreto: Jaén, una localidad que tiene entre 75.000 y 250.000 habitantes, con una deuda del 421%, más de cinco veces ese 75% al que nos referimos. Si mantiene sus políticas actuales, la situación se convertirá pronto en estructural y tendrá una difícil solución.
La mayor parte de los ayuntamientos con los mayores problemas se sitúan en Madrid, Murcia y Andalucía
Según la AIReF, la mayor parte de estas 90 entidades locales con serios problemas de sostenibilidad se sitúa en Madrid, Murcia y Andalucía. Aunque si se atiende al número de ciudadanos afectados sale perdiendo, sin duda, Andalucía. En Madrid, destacan los casos de ayuntamientos como el de Navalcarnero, con una deuda que supera en un 414% a sus ingresos; Parla, con un 533% o Alcorcón, con un 263%.
Según la AIReF, esta situación tan dispar hace necesario un seguimiento individualizado a través de los mecanismos de corrección y prevención que incluye la Ley de Estabilidad. Pero lo cierto es que se aplican más bien poco. De hecho, 973 entidades locales tendrían que haber presentado en 2015 un Plan Económico Financiero por incumplimiento de los objetivos un año antes, pero solo la mitad lo hicieron.
Por eso la AIReF insiste una y otra vez en que se refuerce este marco legal. En particular y en lo relativo al endeudamiento, recomienda que se defina un límite individual de deuda y que cualquier incumplimiento del mismo dé lugar a los mecanismos de corrección. Y es que prácticamente el 30% de las entidades locales con una deuda por encima del 75% de sus ingresos no han presentado un plan en el que se comprometan a bajar la deuda.
Los ayuntamientos de Carmena y Colau vuelven a saltarse la norma y a gastar más de lo que permite la ley
Pero el organismo fiscalizador no solo ve problemas en lo relativo a la deuda, también advierte de una preocupante relajación en el cumplimiento de la regla de gasto, la norma que se diseñó para limitar los aumentos de gasto en las Administraciones Públicas. Esta norma se aplica al Estado, las comunidades y las entidades locales. Pero lo cierto es que pocos la cumplen. En este año no la cumplirá el Estado, ni la mayor parte de las comunidades autónomas ni los grandes ayuntamientos como Madrid y Barcelona, que volverán a gastar por encima del límite.
De hecho, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena mantiene un intenso pulso con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a cuenta del incumplimiento de la regla de gasto en 2015. Hacienda no da el visto bueno al plan que ha presentado Carmena. Y la AIReF, aunque reconoce que Madrid no está cumpliendo la normativa actual tal y como está diseñada, cree que la capital hace una interpretación de la norma que tiene más sentido.
Un incentivo perverso
Por qué tanto incumplimiento? Aunque saltarse este precepto de la Ley de Estabilidad implica en teoría más intervención de Hacienda, lo cierto es que no tiene consecuencias prácticas, algo que, según la AIReF, habría que revisar en el futuro. Además, la norma genera un incentivo perverso porque se calcula en función del gasto del año anterior, con independencia de que se haya cumplido o no, lo que permite consolidar algunos excesos.
Si los ayuntamientos hubieran cumplido la regla de gasto, el déficit de este año sería mayor y no bajaría una décima y se quedaría en el 0,4% del PIB. Sin embargo, desde la AIReF reconocen que los menores ingresos de figuras como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) también están afectando al superávit local. Y lo que es peor, lo seguirán haciendo en los próximos años, una situación un poco preocupante si tenemos en cuenta que ha sido precisamente el superávit de los ayuntamientos que ha permitido compensar del desfase de otras administraciones.
