Tres jueces instructores y una plaza que se ha convocado varias veces y ha quedado desierta. ¿Qué ocurre con el puesto de juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Vinaroz (Castellón) que nadie lo quiere?
¿Es un juzgado maldito al que muchos jueces jóvenes y no tan jóvenes temen por tener la responsabilidad de cerrar la instrucción e investigación de un escándalo mayúsculo en el que están señalados ex altos cargos del Gobierno de Zapatero y el equipo directivo de una empresa controlada por Florentino Pérez, presidente de ACS?
El caso es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha visto obligado a sacar a concurso la plaza de juez titular de este Juzgado, puesto por el que ya han pasado tres instructores que han llevado la compleja causa de los terremotos provocados por la inyección de gas en el almacén subacuático del Castor. La plaza sigue desierta y los que la ocupan son jueces de sustitución.
El máximo órgano de los jueces tuvo que reforzar el Juzgado de Vinaroz para afrontar una instrucción que se ha ampliado a 18 meses y declarado causa compleja
En un primer lugar, allá por finales de 2014, fue la juez sustituta Carmen Ballesteros la que puso en marcha el caso, tras la denuncia presentada por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta. Posteriormente, ya en 2015, llegó a la plaza el magistrado Víctor Capilla, que ha sido el que ha llevado realmente la larga instrucción. Ante él han desfilado la mayoría de los 20 imputados desde octubre pasado, pero cuando la instrucción caminaba hacia su etapa final, el juez Capilla dejó Vinaroz para incorporarse a los juzgados de Ontinyent.
El caso ha adquirido la calificación de causa compleja y se ha ampliado el plazo de instrucción hasta 18 meses. De hecho, en abril pasado, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó medidas de refuerzo del Número 4 de Vinaroz, ante la complejidad del caso tras la denuncia por delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales presentada por la Fiscalía.
Hay ahora asignados un juez sustituto y uno de refuerzo. La instrucción continúa, pero aún no se sabe cuándo se cerrará el proceso para proceder posteriormente al juicio.
Entre los imputados están altos cargos de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente de la época de Zapatero y responsables los Instituto Geológico y Minero, entre otros. Asimismo, los responsables de la empresa controlada por ACS, Escal UGS, con el presidente Recaredo del Potro al frente, también están imputados, hasta llegar a un total de 20 investigados.
