La propuesta económica de gobierno realizada ayer por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en el documento “Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías” sostiene que la política económica del PP ha tenido graves consecuencias sociales: “ha profundizado los recortes del Estado de bienestar, ha aumentado la desigualdad y la pobreza, ha deteriorado las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores y no ha resuelto los principales problemas relacionados con el modelo productivo y su sostenibilidad”.
Para revertir dichos recortes Podemos propone invertir 35.000 millones en los dos primeros años de la legislatura (2016-2017), a razón de 20.000 millones en sanidad, educación, dependencia y protección social, y 15.000 millones de euros más que irían destinados a una renta garantizada a las familias en peligro de exclusión social. Todo ello como parte de un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica “destinado a fortalecer el Estado de bienestar y los servicios públicos relacionados con la atención a las personas”, que tendría un presupuesto de 96.000 millones de euros para toda la legislatura (24.000 millones por año).
Podemos propone invertir 35.000 millones en los dos primeros años de legislatura en sanidad, educación, dependencia, protección social y una renta garantizada
Una vez revertidos los recortes, el plan de gobierno de Podemos para la segunda parte de la legislatura (2018-2019) plantea acercarse a la media de la Unión Europea en gasto por habitante en servicios fundamentales y la extensión de derechos como, por ejemplo, la educación entre 0 y 3 años, la extensión del permiso de paternidad hasta equipararlo con el de maternidad, o la ampliación de la protección a la dependencia.
Podemos defiende que no es posible cumplir con la reducción del déficit público acordado con Bruselas y es necesario ampliar un año más el plazo para alcanzar el 3% del déficit. “No se trata de regatear con las autoridades europeas un nuevo aplazamiento; de lo que se trata es de definir una nueva política presupuestaria que esté al servicio de los objetivos económicos incluidos en el proyecto del país que nos proponemos impulsar durante los próximos años”, se lee en el documento. En consecuencia, el gobierno no reducirá el gasto total del Estado ya presupuestado para 2016, como exige la Comisión Europea, y, en particular, “no se reducirá ninguna de las partidas que afectan a los servicios públicos fundamentales”. En consonancia con ello, el programa de gobierno enuncia la necesidad de modificar el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración de política económica.
Recaudación.
Para hacer frente a toda esta inversión Podemos pretende llevar a cabo una reforma fiscal progresiva y una más eficaz lucha contra el fraude que permitirían recaudar 40.000 millones de euros adicionales en 2019. Por lucha contra el fraude fiscal, 12.000 millones; por la reforma del IRPF, 10.000 millones; 12.000 millones más por la reforma del Impuesto de Sociedades y 2.000 millones adicionales por el de Patrimonio y Sucesiones. Finalmente, por fiscalidad medioambiental, impuesto sobre transacciones financieras e “impuesto de solidaridad”, como denomina a la devolución de los 60.000 millones prestados a las instituciones financieras, otros 8.000 millones. El único apartado negativo sería el relativo a la recaudación del IVA, que con su reforma dejaría de recaudar 4.000 millones al reducirse algunos tipos impositivos.
El partido morado afirma que una reforma fiscal progresiva y una más eficaz lucha contra el fraude permitirán recaudar 40.000 millones en 2019
“La reversión de los recortes, la mejora del Estado de bienestar, los nuevos programas sociales y el esfuerzo de inversión pública que proponemos pueden financiarse sin poner en peligro en absoluto la estabilidad de las finanzas públicas”, dice el documento, a través de dos vías principales. Por un lado, mayores ingresos como consecuencia de la reforma tributaria y, por otro, con la moderación y retraso del objetivo de reducción del déficit, que se situaría en el 2,2% e 2019.
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