Pedro Sánchez parece haber enterrado su promesa de derogar el artículo de la Constitución que garantiza el equilibrio entre ingresos y gastos sustituyéndola por el compromiso de renegociar con Bruselas los objetivos de déficit, de forma que su reducción al 1% se retrase dos años, hasta 2019. Por esta razón, el colchón de gasto adicional que ganaría para cumplir su programa sumaría 11.000 millones el primer año y 14.000 más el segundo. En total, 25.000 millones de euros con los que el PSOE propone desarrollar una agenda compatible con la que defiende Podemos. Esta cifra es coincidente con la que los socialistas prevén recaudar vía impuestos a través de un aumento de la presión fiscal y de un plan especial de lucha contra el fraude. De todo ello piensa hablar Pedro Sánchez en su investidura, prevista para la primera semana de marzo.
El PSOE prevé recaudar con la subida de impuestos un importe cercano al gasto público con el que financiaría su programa
Sobre el papel, reducir un déficit del 4,8% al 1% llevaría aparejado un ajuste de más de 38.000 millones de euros que los socialistas no están dispuestos a encajar en esta legislatura. En un lenguaje ambiguo, cuestionan el respeto a los compromisos sobre estabilidad presupuestaria contraídos con la UE, que obligan a llegar al equilibrio en 2018, una meta que Sánchez considera en su programa “muy exigente”. De ahí que se proponga flexibilizar este objetivo, aprovechando que Francia necesita también hacerlo por sus gastos extra para combatir el terrorismo yihadista y Alemania para encarar el problema de los refugiados.
Las propuestas del PSOE que más han agradado a Podemos son las que necesitan de mayor gasto público. Entre ellas figura las ayudas a familias sin ingresos por importe de 6.000 millones anuales, nuevas aportaciones a los parados mayores de 52 años, la subida del salario mínimo y el regalo a las mujeres de dos años de cotización por cada hijo para el cálculo de la pensión.
Esta oferta llega en un momento en el que el plan de estabilidad enviado a Bruselas, pendiente de renovarse en abril, descansa en una estrategia fiscal que mantiene constantes el nivel de ingresos públicos sobre PIB, alrededor del 38%, a la vez que reduce gradualmente el gasto público hasta alcanzar la consolidación en 2018, con un déficit del 0,3%.
Recuperar el Pacto de Toledo, una prioridad
Es obvio que el margen para modular el gasto dependerá del crecimiento, de la evolución de los ingresos y del comportamiento de partidas esenciales como la de las pensiones. Llegar al equilibrio presupuestario comprometido con Bruselas exigiría reducir en más de tres puntos el peso de estas últimas en el PIB en los próximos dos años, a sabiendas de que es una partida de gasto –más de 133.000 millones en el ejercicio actual- que creció el 4,4% anual entre 2009 y 2014. La fuerte presión al alza de la partida para pensiones limita el margen para la reducción del peso del gasto público en el PIB durante los próximos años, razón que puede explicar las urgencias del PSOE y también del PP por recuperar el Pacto de Toledo. Nada de ello mencionan los socialistas en su programa.
A pesar de las dificultades económicas, Sánchez promete rozar el pleno empleo en esta legislatura
La reducción del paro a la mitad que promete el Partido Socialista para los próximos cuatro años también chirría con la experiencia reciente. La tasa de desempleo llegó a bajar hasta el 8% en el momento de máxima expansión, mientras que en la cresta de la recesión superó el 26%. La media es del 18%, 12 puntos más que la registrada en países como Alemania, Holanda, Reino Unido o Suecia. En realidad, lo que propone Pedro Sánchez es llegar casi al pleno empleo, pese a que quiere derogar la reforma laboral del PP, no así la que hizo el último Gobierno de Zapatero para abaratar el despido, una exigencia que Pablo Iglesias también le ha puesto al PSOE encima de la mesa.
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