España

Correa esgrime nueve sentencias de Estrasburgo para denunciar su "indefensión" en Gürtel

El cabecilla de la trama presenta un escrito en la Audiencia Nacional para evitar sentarse en el banquillo por las irregularidades en 22 adjudicaciones de Aena. Su principal argumento: su caso es similar a otros ya sentenciados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de violaciones de derechos humanos en Ucrania, Austria, Portugal, Suiza, Rumanía y Polonia.

  • Francisco Correa, principal imputado en la Gürtel, durante el primer juicio del caso en Valencia.

Cualquier argumento jurídico es bueno, sobre todo si viene de Estraburgo. Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, esgrime en su último escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, hasta nueve sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en la ciudad francesa para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por las irregularidades detectadas en 22 adjudicaciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) a sus empresas. Con estos fallos, el principal inculpado por la red de corrupción quiere demostrar que sufre "indefensión" porque no ha podido contar con un abogado de su elección sino que se ha visto forzado a ser representado por uno de oficio. Un hecho, recalca, que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de oficio de Correa asegura que no dispone de "los recursos técnicos, humanos ni económicos" para garantizar su defensa

El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que Correa tuvo durante gran parte del proceso un letrado de su elección, pero ante la imposibilidad de hacer frente a su minuta se le terminó por 'imponer' un abogado del turno de oficio. "Dada la naturaleza de la causa no es un cuestión de mayor o menor diligencia profesional del letrado designado, sino de imposibilidad material, lo que sin duda genera indefensión real y efectiva, y una clara situación de desigualdad con el resto de las partes personadas", destaca el propio letrado, Juan Antonio Gragera, en el recurso de reforma que ha presentado tras comunicársele el pasado 1 de diciembre el procesamiento de su cliente en la pieza sobre los contratos de Aena del sumario Gürtel.

En esta línea, el letrado denuncia que no ha sido "provisto de los recursos técnicos, humanos ni económicos mínimos que son precisos, habiendo transcurrido en la actualidad más de un año desde que se produjo tal designación". De hecho, el defensor destaca que "contrasta mi situación con la de las demás partes procesales" del caso Gürtel que tienen "equipos dedicados en exclusiva o preferentemente a este procedimiento" mientras que él es el único profesional del derecho que "además de atender a este caso ha de defender con las mismas garantías al resto de sus clientes del turno de oficio y de su cartera privada". Una situación que, concluye, impide a su cliente "disponer de un procedimiento equitativo" y le aboca a la "indefensión", algo que considera suficiente para reclamar la "nulidad del procedimiento".

Ucrania, Austria, Portugal...

Para respaldar sus palabras, el abogado del cabecilla de la Gürtel tira de Jurisprudencia y, más en concreto, de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, ya que considera que con Correa se está vulnerando el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos que, entre otras cuestiones, fija el derecho de cualquier acusado "a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa". Es en este punto en el que el escrito enumera hasta nueve fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaron a diferentes estados. El primero es el caso Luchaninova contra Ucrania, al que siguen los de Kamasinski contra Austria, Falcao Dos Santos contra Portugal, Ártico contra Italia, Imbrosia contra Suiza, Daud contra Portugal, Beraru contra Rumanía, Matyjek contra Polonia y Iglin contra Ucrania.

El principal argumento del cabecilla de Gürtel es la supuesta violación del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos

Toda una batería de fallos condenatorios contra los estados que, en opinión de Correa, demuestra que "el nombramiento de un letrado [de oficio] no asegura la efectividad de su participación en el proceso". "Toda persona que sea acusada de un delito debe tener el tiempo suficiente y las facilidades necesarias para preparar su defensa, considerando que cualquier restricción al respecto, incluido el acceso al expediente completo, con obtención de copias en caso necesario, supone una infracción de dicho artículo [del Convenio de Derechos Humanos], dado que debemos encontrarnos en igualdad de armas con el resto de las partes". Por todo ello, aunque reconoce que el juez De la Mata le concede los plazos establecidos por la ley para presentar escritos, los mismos "son a todas luces insuficientes en relación al volumen de la causa, no siendo posible que por parte de la defensa se pueda llevar a cabo una defensa 'efectiva".

Aunque la mayor parte del recurso se centra en denunciar la supuesta "indefesión", el abogado de Correa también esgrime otros dos argumentos para pedir el sobreseimiento de su cliente en el 'caso Aena'. En primer lugar, la supuesta prescripción de los delitos de los que se le acusa al haberse formalizado el último contrato bajo sospecha en abril de 2002, casi diez años después de que se abriera la pieza separada en febrero de 2012. En segundo lugar, lo que considera "falta de indicios racionales de criminalidad" al considerar que se le lleva al banquillo con "simples sospechas" pero sin ninguna prueba.

Por qué Correa se quedó sin abogado de pago

El bloqueo de sus cuentas corrientes tras su detención impidió que durante tres años Francisco Correa pagase al abogado que eligió para defenderse en el sumario, el exjuez de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán Montalvo. La situación llevó al letrado a pedir en febrero de 2012 al entonces titular del Juzgado, Pablo Ruz, que liberase 120.000 euros del dinero embargado a su cliente para que le pudiera pagar su elevada minuta. Las reiteradas negativas tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso se negaron a habilitar 3.500 euros en concepto de provisión de fondos, llevaron al abogado a renunciar, como ya había hecho antes su procurador y, posteriormente, hizo el letrado de la mujer del propio Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano. Desde entonces, el presunto cabecilla de la trama es representado por Juan Antonio Gragera, letrado del turno de oficio que es quien ha presentado ahora el escrito en el que esgrime nueve sentencias del Tribunal de Estrasburgo.

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