España

La AN tarda once meses en citar al cabeza de lista de Unió para interrogarlo

Ramón Espadaler deberá declarar como testigo, es decir, con obligación de decir verdad, ante el juez José de la Mata el próximo viernes. Deberá interrumpir la campaña electoral. 

  • El juez José de la Mata.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 José de la Mata, instructor de la causa donde se investiga los negocios del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola, dictó el pasado día 8 de septiembre un auto donde citaba a declarar en calidad de testigos al exconsejero de Medio Ambiente del gobierno catalán y cabeza de lista de Unió en las próximas elecciones del 27-S, Ramón Espadaler y a su antecesor en el cargo, Salvador Milà (ICV).

Las declaraciones se celebrarán el próximo viernes en la Audiencia Nacional a nueve días de las elecciones catalanas del 27-S lo que obligará a Espadaler a interrumpir -al menos durante la mañana- la campaña electoral.

La parte que solicitó las testificales de Espadaler y Milá tuvo que recordar al juzgado que llevaba nueve meses sin resolver las mismas

Lo llamativo de esta citación es que la defensa de los empresarios catalanes Gustavo Buesa, presidente de GBI Serveis, y su socio Josep Mayola -ambos imputados en este procedimiento- solicitaron las testificales de Espadaler y Mila hace once meses.

Sin embargo, los ex consejeros serán interrogados este viernes, en plena campaña electoral por los comicios catalanes, por la puesta en funcionamiento en 2004 de un vertedero en Tivissa (Tarragona), operación en la que el hijo del 'expresident' habría ganado supuestamente cinco millones de euros.

 El testimonio de la Generalitat

Un informe de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), incorporado a la causa señalaba que "se están concediendo una autorización a una actividad susceptible de no acogerse a la normativa vigente", refiriéndose a la autorización ambiental concedida al proyecto de tratamiento de residuos en el término de Tivissa.

Por esta razón, la defensa de Buesa y Mayola solicitó el 20 de noviembre de 2014 al Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que llamara a declarar a "quienes habrían intervenido desde la administración de la Generalitat de Cataluña en el otorgamiento de los permisos oportunos o licencias en los años 2002 y 2004", en referencia a Ramón Espadaler y el también ex consejero de Medio Ambiente catalán, Salvador Milà.

En su escrito, el letrado de los empresarios argumentaba que "si se pretende acusar a Jordi Pujol Ferrusola de haber realizado gestiones -legales o ilegales- ante la Administración Pública que hubiesen supuesto a la postre recibir trato de favor en el otorgamiento de alguna o algunas de las autorizaciones o permisos que conformaron este expediente administrativo, es indiscutible que se deberá preguntar a dichas personas si ello fue así en realidad".

Ante la falta de respuesta del Juzgado, esta parte envió un nuevo escrito el pasado 8 de julio al magistrado José de la Mata donde se le recordó que todavía no había resuelto su petición. Dos meses después, el instructor dictó el auto con la citación.

También declarará un directivo del Barça

El próximo viernes también están citados en la Audiencia Nacional el empresario y exdirectivo del FC Barcelona Jaume Ferrer Graupera, en calidad de imputado, y el consejero delegado de Enagas, Marcelino Oreja Argurua, como testigo, es decir, con obligación de responder a todas las preguntas y decir verdad.

En el caso de Ferrer, el magistrado quiere averiguar si sus empresas Trade Management Consulting y Cientific Management intervinieron en "operaciones de refacturación" relacionadas con Pujol Ferrusola y si estas respondían a "operaciones económicas reales" o bien parte del dinero acababa en manos del hijo del expresidente catalán.

Por su parte, el juez De la Mata preguntará a Oreja por su papel en estos negocios como responsable de expansión internacional de EMTE, cuando se investiga el pago de 132.800 euros a Pujol hijo por intermediar para conseguir que la empresa abriera una filial en México en ese país, un dinero que pudo ser en realidad una comisión a cambio de adjudicaciones públicas. En la causa, ejercen de acusación la Fiscalía Anticorrupción, en concreto la teniente fiscal Belén Suárez, y la acusación popular ejercida por el partido Unión, Progreso y Democracia.

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