El Gobierno mantendrá entre hoy y mañana una reunión con los sindicatos de la función pública para informarles de las enmiendas que les afectan en los presupuestos estatales para el año que viene. La novedad es que no incluirá en ellas como norma básica el decreto ley que aprobará en breve para devolver a los empleados públicos de la administración central la paga extra suprimida en las Navidad de 2012. Eso quiere decir que quedarán fuera de la aplicación de este decreto los trabajadores que dependen de las 17 comunidades y más de 8.000 ayuntamientos, instituciones que no están obligadas a seguir los mismos pasos que el Ejecutivo central y que deberán decidir, dependiendo de cómo tengan sus cuentas, si se suman o no a esta iniciativa. El pasado julio, Hacienda comunicó a las comunidades que el año que viene dispondrán de 10.000 millones de euros más, cerca de 7.500 procedentes de las entregas a cuenta y el resto de los fondos de financiación habilitados por el Estado a coste cero al que se han adherido todos los gobiernos regionales.
El PSOE propone que se obligue a sus comunidades a devolver la paga extra siempre que se flexibilicen los techos de déficit
Ayer estaba prevista una reunión de la responsable del PSOE de administraciones públicas, la diputada Susana Sumelzo, con una representación del CSIF, sindicato mayoritario en la función pública, para analizar esta situación, así como las propuestas que el primer partido de la oposición incluirá en su programa electoral para los funcionarios. Al final, problemas personales de uno de los convocados a la cita llevaron a posponerla. El planteamiento del PSOE sobre esta polémica es claro: “Nosotros proponemos que la devolución de la paga extra a los empleados públicos sea norma básica, es decir que se beneficien también de ella los que dependen de las comunidades y los ayuntamientos, siempre que a continuación se celebre un nuevo Consejo de Política Fiscal para revisar el techo de déficit de las administraciones autonómicas y locales”, aseguran fuentes socialistas.
Pero este no es el criterio con el que trabaja el Gobierno. El crédito de 252 millones con el que devolverá otra cuarta parte de la paga extra suprimida hace tres años servirá para que este importe sea restituido a los 500.000 trabajadores que, en números redondos, dependen de la administración central. Quedan fuera de esta medida, pues, el millón y medio de empleados de las comunidades autónomas y los 200.000 que trabajan para los ayuntamientos, pues la decisión final de si se suman o no al reintegro de esta paga dependerá de los gobiernos regionales y locales. Siete barones del PSOE estarán, pues, obligados a retratarse antes de las elecciones generales: son los presidentes de Asturias, Javier Fernández, la comunidad valenciana, Ximo Puig, Andalucía, Susana Díaz, Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Baleares, Francina Armengol y Aragón, Javier Lambán.
Enmiendas a los Presupuestos: plazo hasta el 6 de octubre
¿Qué habría que hacer para que la devolución del 25% de la paga extra aprobada por el Gobierno fuera de obligado cumplimiento para la administración autonómica y local, como proponen el PSOE y los sindicatos? Pues, sencillamente, que Mariano Rajoy autorizara a incluir esta medida como norma básica, extensible por tanto a comunidades y ayuntamientos, en las enmiendas a los Presupuestos que ahora se tramitan en el Parlamento. Entre el martes de la semana que viene y el 6 de octubre, habría tiempo para ello si se utiliza el trámite de las cuentas del año que viene por el Senado, pero estos planes no figuran en la intención del Gobierno.
Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha no han devuelto a sus empleados ni un duro de la paga extra suprimida en 2012
Tanto el CSIF como Comisiones y UGT, apuestan porque la norma obligue a las comunidades a reingresar la extra sin dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico la decisión final. Cuando a mediados de este año el Ejecutivo autorizó la devolución del 25% de esta paga, siguieron sus pasos todas las comunidades, a excepción de Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, gobernadas entonces por tres gobiernos de distinto color político. En plena carrera electoral, los sindicatos le quieren trasladar ahora esta patata caliente al Gobierno, quien se ha comprometido a devolver la totalidad de la paga a los empleados públicos que dependen de él, el 50% restante, entre marzo y septiembre del año que viene.
En los Presupuestos de 2016 se prevé incorporar también un aumento salarial del 1% para los funcionarios y contratados laborales, así como la restitución de uno de los días de libranza, los famosos moscosos, que fueron suprimidos igualmente en plena fiebre de austeridad.
