Se trata de exponer públicamente a defraudadores fiscales. El Senado ha aprobado hoy de forma definitiva de la Ley que permite publicar los datos detallados de todos aquellos que hayan sido condenados por delitos contra el erario. Es una versión aguada de la propuesta inicialmente por Cristóbal Montoro, que incluye una “segunda oportunidad”: si pagan su deuda, incluso aunque haya sido probado el delito, no aparecerán.
La “ficha” de estos malhechores fiscales constará, por supuesto, de su nombre y apellidos, o del nombre de la compañía o del responsable civil. Irá acompañado del delito por el que se le ha condenado y la pena impuesta, así como la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, según lo establecido en la sentencia. A la ficha se añadirán todos los datos necesarios, siempre eliminando los de otras personas que, aunque hubieran participado en el proceso, no estén condenadas. Con todo esto el Secretario Judicial preparará el certificado y mandará que la información se publique en el BOE.
El “pero” es que librarse del escarnio tiene un precio. Lo dispuesto no será de aplicación, se lee en el articulado, si el condenado o el responsable civil “hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia”.
Este es el principal fallo de la ley para Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en declaraciones a Vozpópuli. Para Cruzado, aunque se favorece la recaudación, se amortigua el efecto disuasorio.
Técnicamente, lo que se ha hecho es añadir un nuevo artículo, el 235, a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. La modificación, que se ha tramitado como por la vía exprés, ha sido aprobada en el Senado este miércoles por abrumadora mayoría: han votado a favor 140 senadores, frente a 73 votos en contra y 10 abstenciones. No se ha introducido ninguna enmienda, pero PSOE, CidU, ICV y PSC han intentado vetarla sin éxito.
El escarnio público puede evitarse si se paga
Se desconoce cuándo será aireada la primera sentencia, pero podrá hacerse tan pronto como se publique en los próximos días la nueva ley orgánica en el BOE, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
La otra lista, la de morosos, para finales de año
Cristóbal Montoro ha defendido esta publicidad a los defraudadores como una parte fundamental de su plan de lucha contra el Fraude. El ministro de Hacienda ha asegurado que en 2014 se han alcanzado los 12.318 millones de euros de recaudación por esta partida, y ha dicho que se trata de la mayor cifra de la Historia. Ha aumentado un 20% en el primer semestre de este año, con 6.611 millones recaudados.
La otra lista famosa y polémica, la de morosos con Hacienda, será publicada “a finales de año”, según ha prometido Montoro. Así lo ha subrayado mientras defendía la reforma de la Ley General Tributaria (LGT), de paso por el Senado antes de su regreso al Congreso. El rodillo popular ha conseguido rechazar las 130 enmiendas presentadas este miércoles a la LGT.
La reforma de la LGT incluye el permiso para publicar la lista de deudores con el erario. Aparecerán personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. La primera incluirá todos aquellos deudores a 31 de julio de 2015. Las siguientes ya se harán a fechas de 31 de diciembre. Se exceptúan las deudas aplazadas o suspendidas.
Para la oposición se trata de una reforma “injusta, chapucera, defectuosa y desigual” que favorecerá a contribuyentes con mayores ingresos, según la senadora del PSOE, Ángeles Marra. Para ella se ignora el papel de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, no incrementa los efectivos de inspectores fiscales.
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