El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de prisión que fijó en primera instancia la Audiencia Nacional, de dos años por delito de uso de información relevante y otros dos años por blanqueo de capitales, a José Luis Zanetty Dueñas, director general de Eurohypo AG, sucursal en España del grupo alemán Commerze Bank. El ejecutivo facilitó información privilegiada del precio de acciones de una OPA (del grupo San José sobre la inmobiliaria Parquesol) a un conocido, que ganó 2,2 millones de euros con la operación en tan sólo tres semanas.

En la actualidad Zanetty es miembro del consejo de administración de la socimi Alza Real Estate, en proceso de fusión con el grupo Urbas. Zanetty es presidente del comité de auditoría de la socimi. En el primer trimestre del año Alza, con 120 empleados, comunicó una cifra de negocio de 11 millones de euros. PricewaterhouseCoopers, auditor de Alza Real Estate, advertía en su informe sobre las cuentas de 2014 de la socimi que la sociedad negociaba desde 2012 la refinanciación de su deuda que en 2015 vence por importe de 74,4 millones de euros. Buena parte de esa deuda vencida es con Hacienda, por 21,2 millones. PwC señalaba que esto generaba dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para mantener la actividad.

Alza asegura en su web que ha promovido más de 5.000 viviendas y construido más de 300.000 metros cuadrados de superficie. La actividad promocional de ALZA, destinada principalmente a primera vivienda, se desarrolla en el Corredor del Henares (Madrid-Guadalajara) y otros municipios de la Comunidad de Madrid. También está presente en el Pirineo Aragonés, Granada, Almería, Albacete, Castellón e Islas Baleares. 

 Alza asegura en su web que ha promovido más de 5.000 viviendas y construido más de 300.000 metros cuadrados de superficie

El Supremo explica sobre la condena a Zanetty que el 19 de julio de 2006, el presidente de Grupo San José, Jacinto Rey, se reunió con el actual consejero de Alza para lograr financiación de su banco para la OPA, y le explicó los términos básicos de la operación pactada de compra de acciones de Parquesol, que implicaba que el precio de la acción no podía ser inferior a 23 euros (el que tenían al inicio de su cotización en Bolsa). El 21 de julio, Eurohypo comunicó a Grupo San José que no podía financiar la operación (lo hizo finalmente Barclays), pero Zanetty informó de los detalles el mismo día 19 a Francisco Garriga Miró, que se lanzó a “una frenética actividad compradora de acciones de Parquesol”, invirtiendo a través de sus empresas, casi 13 millones de euros entre los días 19 y 21 de julio, a un precio máximo de 19,71 euros la acción. Entre el 11 y el 13 de agosto vendió, a entre 22,82 y 23,01 euros la acción, obteniendo 2,2 millones de euros de beneficio.

Garriga Miró ha sido condenado a dos años de cárcel por blanqueo de capitales, por las operaciones que hizo con los beneficios desde un banco andorrano y con ingresos en sociedades panameñas a nombre suyo o de Zanetty. Este último deberá pagar además una multa de 2,1 millones de euros, mientras que Garriga afrontará una de 654.682 euros. Asimismo, se decomisa 1,5 millones de euros de ganancias obtenidas por Garriga, y 28.350 euros a Julio Torres Verez, cuñado de Zanetty a quien éste también informó de la OPA y que obtuvo ese beneficio con una inversión de 177.000 euros. Todos los recursos presentados ante el Supremo se rechazan salvo un motivo del de Zanetty por el que se le recalcula la multa impuesta por el delito de uso de información privilegiada, pasando de 1,59 millones de euros a 1,54 millones.

Información privilegiada en el boom

Entre 2006 y 2007 se llevaron a cabo operaciones multimillonarias sobre inmobiliarias españolas financiadas por buena parte de la banca española y europea. Reyal compró Urbis (3.317 millones); Martinsa adquirió Fadesa (4.045 millones); Luis Portillo se hizo con Inmocaral, Colonial y Riofisa en operaciones valoradas en más de 7.000 millones; Habitat compró Ferrovial Inmobiliaria (2.200 millones); San José lanzó una opa sobre Parquesol (1.000 millones)...

Las sospechas de uso de información privilegiada sobrevolaron sobre prácticamente todas las operaciones inmobiliarias de esos años. El entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, puso en marcha la Iniciativa Contra el Abuso de Mercado (ICAM), en enero de 2007, para tratar de impedir cualquier práctica de este tipo.

En febrero de 2009 la Fiscalía Anticorrupción imputó al fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto uso de información privilegiada en la opa de Martinsa sobre Fadesa. El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona exculpó a Bañuelos. En noviembre de 2010 Anticorrupción presentó querella contra Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa, por supuesto uso de información privilegiada en otra operación sobre acciones de la que fuera primera inmobiliaria española. 

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