La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy está consiguiendo que el gasto en pensiones se reduzca en unos 1.000 millones de euros adicionales cada año, según reconoce en el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas la semana pasada.
De no haberse aplicado esta reforma, el gasto en pensiones se habría disparado desde el 11,8 por ciento del PIB hasta el 12,5 en 2020, sostiene el Ejecutivo 'popular'. Sin embargo, los diversos cambios efectuados en el sistema lograrán que el desembolso sobre PIB se quede estancado en ese 11,8 por ciento a pesar del incremento del número de pensionistas y de que éstos por lo general han cotizado bastante más y, por lo tanto, tendrían que recibir en principio prestaciones más altas.
¿Y cómo puede ser que se congele el gasto en términos de PIB habiendo más pensionistas? Una esperanza de vida cada vez mayor y la próxima jubilación del 'baby boom' presionan al alza sobre el gasto de la Seguridad Social. Tanto es así que en el cuadro macroeconómico dibujado por el Ejecutivo hasta 2018 el sistema continúa sufriendo un déficit del 0,1 por ciento del PIB incluso contando con casi 20 millones de trabajadores. De modo que no es de extrañar que las sucesivas reformas de los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy hayan propinado un severo tajo a la generosidad del sistema. En los últimos tiempos, se ha ampliado el periodo que se toma para calcular la pensión desde los 15 a los 25 años; se ha elevado la edad de jubilación para dejarla poco a poco en los 67 años; se ha endurecido la jubilación anticipada; se ha desvinculado la revalorización de las prestaciones del IPC para vincularla a los ingresos y gastos de la Seguridad Social; y se ha introducido un factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que limitará la prestación inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida.
Aunque en términos nominales las prestaciones sean mayores, en términos de capacidad adquisitiva serán más bajas al repartir entre más pensionistas la misma tarta del PIB
Según afirma el Gobierno en el Plan de Estabilidad, tan sólo la aplicación del factor de sostenibilidad hará que la prestación inicial de las pensiones más altas caiga un 18 por ciento entre 2018 y 2060. Es decir, todas estas modificaciones están permitiendo que el ritmo de incremento del gasto en pensiones se frene. En parte también por los efectos de la crisis, la tasa de crecimiento de la nómina de las pensiones ha descendido del 7 por ciento de media de la última década a un 3 por ciento en 2014. Aunque en términos nominales las prestaciones en el futuro serán mayores, en términos de capacidad adquisitiva serán más bajas al repartir entre más pensionistas la misma tarta del PIB.
Incluso si el PIB también crece, la evolución del número de pensionistas se antoja incontestable. En 1988, la cifra de jubilados rozaba los 5,5 millones. En abril de 2015 se han alcanzado los 8,4 millones. Y en 2050 se tocarán los 15,6 millones, prácticamente el doble que en la actualidad. Hasta el punto de que podría darse un vuelco total a la proporción de mayores de 64 años -que es la edad media de jubilación en España- respecto a la población en edad de trabajar. Si en la actualidad esta tasa de dependencia se encuentra en el 26 por ciento, en 2050 ascendería al 62 por ciento de los ciudadanos mayores de 16 años, de acuerdo con las previsiones del Gobierno de Mariano Rajoy.
En el cuadro dibujado por el Ejecutivo hasta 2018, la Seguridad Social continúa sufriendo un déficit del 0,1% del PIB incluso contando con casi 20 millones de trabajadores
No obstante, la rebaja en las cuantías de las pensiones blindará la sostenibilidad del sistema durante años, al menos sobre papel. Según las estimaciones del Ejecutivo, el gasto de las pensiones permanecerá estable durante los próximos años por debajo del 12 por ciento del PIB. Es más, con 15,6 millones de beneficiarios en 2050 el sistema costaría un 12,3 por ciento del PIB cuando la previsión sin reformas se situaba en el 15,8 por ciento.
El Programa de Estabilidad remitido a Bruselas contiene un estudio elaborado por el Gobierno español sobre las proyecciones presupuestarias a largo plazo. Y entre esas estimaciones se mira con lupa el efecto del envejecimiento de la población sobre el gasto público. Amén de las pensiones, la sanidad y la dependencia son los otros capítulos cuyos desembolsos se disparan. El gasto en sanidad avanzará desde el 5,9 por ciento del PIB en 2013 al 7,1 por ciento en 2050. Y otro tanto ocurrirá con la partida de cuidados de larga duración, que aumentará del 1 por ciento del PIB al 2,1 por ciento. En opinión del Ejecutivo, todos estos incrementos se compensarán en gran medida con la caída de las rúbricas de prestaciones por desempleo y educación (sic).
