No hubo lugar a la negociación. Luis Linde convocó a la gran banca, a lo largo de la última quincena del pasado diciembre, para comunicarles un mensaje claro: "A partir del 2 de enero se va a acabar la guerra del pasivo". La reunión se produjo en el Palacio de Cibeles y en ella estuvieron presentes los consejeros delegados, directores financieros y, en algunos casos, los directores de banca minorista de Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular, según ha podido saber Vozpópuli.
La comunicación al resto de entidades se produjo telefónicamente entre Linde o Fernando Restoy, subgobernador, con los presidentes de estos grupos, entre el 2 y 3 de enero. Para que no quedar constancia de la nueva medida, las nuevas condiciones fueran dictadas por teléfono a los banqueros, según explican desde un par de entidades.
Durante el encuentro, los responsables del Banco de España anunciaron a los grandes banqueros todas las claves del nuevo marco regulatorio que penaliza los extratipos en los depósitos. La imposición de Cibeles indica que no se puede tener más del 15% del pasivo con extra tipos, considerados estos como superiores al 1,75% a un año y del 2,75% a dos años.
La entidad que sobrepase estos límites comunicados verbalmente, y que en principio el supervisor no tiene previsto plasmar en circular alguna, será severamente castigada. De hecho, aquellas entidades que comercialicen más del 15% de sus depósitos por encima de los nuevos tipos anunciados tendrán una penalización del 0,75% en forma de capital de máxima calidad de la EBA (Autoridad Bancaria Europea), una exigencia mucho mayor del concepto de capital principal que aplica el Banco de España. El castigo podría llegar hasta el 1,25% si el volumen de depósitos que superen el extratipo supera el 20% de toda la cartera comercializada.
La penalización obliga a un aumento de la solvencia de entre el 0,75% al 1,25% del capital principal calculado por la EBA. En el caso de BBVA o Santander, la factura podría superar los 2.000 millones
La dureza de la penalización ha provocado que todas las entidades hayan cumplido ya a rajatabla con el mensaje del supervisor. De hecho, según los cálculos del sector, al grupo de la banca mediana, integrado por entidades como Ibercaja, Liberbank, BMN o Unicaja, esta penalización les obligaría a aumentar su solvencia en el entorno de los 150 millones. Mientras, la factura se eleva al entorno de los 600-700 millones para entidades como Sabadell o Popular. En el caso de Santander o BBVA, las cifras se elevan a más de 2.000 millones.
Desde el pasado verano, las entidades no tenían que pagar ningún tipo de penalización por la guerra del pasivo. Hasta entonces, el exceso de remuneración de los depósitos se traducía en una aportación al Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, Guindos decidió eliminar esta medida, aprobada por el último gobierno socialista, para evitar que se comercializasen otros productos, como pagarés. De hecho, en el segundo trimestre hubo un importante flujo de contratación de pagarés por la mayor remuneración frente a los depósitos.
Para evitar este plan B, el Banco de España también penalizará a las entidades si eleva la remuneración por encima de los nuevos límites en pagarés y bonos comercializados a minoristas. Incluso, la medida afecta a los fondos garantizados si existe un extratipo en el depósito, pagaré o bono al que se referencie parte de la inversión.
El supervisor informó a las entidades de que, a partir de enero, tendrán que comunicar mensualmente al Banco de España el porcentaje de los depósitos que comercializan por encima de los nuevos márgenes. De esta manera, desde Cibeles se quiere tener controlado en todo momento qué entidades pueden superar ese margen del 15%.
¿Qué pasa con las sucursales de bancos extranjeros?
Las dudas en el sector se centran ahora si esta medida se aplicará también en sucursales españolas de bancos extranjeros que cuentan con depósitos remunerados por encima del 4%. Desde alguna de estas entidades aseguran que no les afecta la medida puesto que están referenciadas a los Fondos de Garantía de Depósitos de sus países de origen. Todas estas entidades esperan la respuesta del Banco de España.
Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que la limitación impuesta al sector financiero español se acabará generalizando al resto de bancos europeos, como una de las primeras medidas del supervisor bancario único.
