A partir del 30 de noviembre, no será posible ponerse al día con Hacienda acogiéndose a las ventajas que ofrece la amnistía fiscal. El provecho se resume en la posibilidad de regularizar la situación tributaria ingresando solo el 10% de las cantidades ocultas que eludieron en su día el pago del IRPF, de Sociedades o del Impuesto de No Residentes siempre que el ejercicio no haya prescrito. Hacienda se ha comprometido a renunciar a cualquier reclamación posterior derivada del dinero aflorado y en las últimas semanas ha aclarado a los principales bufetes las dudas que les han hecho llegar sus clientes.
En el Gobierno se achaca el interés de los bufetes en prorrogar la amnistía a los beneficios que obtienen de sus clientes a través de las comisiones que cobran
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido que no haya prórrogas a la amnistía fiscal y también ha advertido a los principales bufetes, a través de la Agencia Tributaria, que deben darse prisa en convencer a sus clientes para llamar a esta ventanilla ya que, gracias a la ley de lucha contra el Fraude que acaba de entrar en vigor, los inspectores acumulan más información que antes y también disponen de mayores facilidades para abrir procedimientos de información personalizados que, una vez activados, impedirían a los contribuyentes afectados acogerse a las ventajas de la regularización fiscal.
Aunque quedan todavía tres semanas para que concluya el plazo, en Hacienda se calcula que podrán aflorarse, como mínimo, 1.500 millones de euros, frente a los 2.500 previstos en un principio. Si estas cuentas se confirmaran, el desfase presupuestario sería mínimo y de fácil cobertura, informan fuentes gubernamentales.
En Hacienda se achaca la presión de los principales bufetes al Gobierno para que prorrogue el calendario de la amnistía fiscal no tanto a las dudas legales que ha generado la medida como al beneficio económico que estos despachos están obteniendo como consecuencia de las comisiones que cobran a sus clientes más acaudalados por la intermediación que ejercen con la Agencia Tributaria.
La apertura de un procedimiento informativo contra un contribuyente le impediría beneficiarse de las ventajas de la amnistía fiscal, se advierte en Hacienda
En el Ejecutivo se considera la nueva ley contra el Fraude como una de las reformas legales más ambiciosas para combatir la economía sumergida y conseguir el afloramiento de rentas ocultas. Esta norma estrecha el control sobre los activos situados en el extranjero, una de las vías más importantes de evasión fiscal, limita las operaciones de pago con billetes de 500 euros, delimita el régimen de módulos y opera sobre todos los impuestos. En Hacienda se sabe que esta ley ha sembrado un cierto temor entre los defraudadores y está sirviendo de incentivo para sacar a flote dinero oculto en el extranjero, aunque los dos recursos presentados por el PSOE contra la amnistía fiscal también han tenido un efecto disuasorio.
