BBVA se ha descolgado esta semana con un informe que refuta la teoría, ampliamente difundida, de que el impuestazo del Gobierno al sector eléctrico para acabar con el déficit de tarifa, contenido en la denominada reforma energética, se repercutirá íntegramente en los precios de la luz. Un capote para el ministro de Industria, José Manuel Soria, que cuando presentó la reforma, el pasado 14 de septiembre, se mostró convencido de que no afectará a los clientes finales, aunque el propio Gobierno lo admite en los Presupuestos.
“¿Pueden las eléctricas trasladar los nuevos impuestos a los consumidores? En teoría sí, pero en realidad, podría ser difícil”, señala el informe sobre una cuestión “muy controvertida”, porque el impuestazo, que ha puesto en armas a la gran industria ante el posible incremento de sus costes, supondría una subida de precios del 15% si fuera repercutido íntegramente a los clientes.
Dada la combinación de una baja demanda de electricidad, una “enorme sobrecapacidad” [dice que sobran centrales, “al menos”, hasta 2019], un creciente hueco térmico (las renovables han desplazado a las tecnologías tradicionales en el mercado mayorista y, en especial, a las centrales de gas), y la existencia de cláusulas take-or-pay en los contratos de suministro de combustible (que obligan a pagarlo, se utilice o no), “creemos que es demasiado optimista [desde el punto de vista de las eléctricas] asumir un traslado total” de los nuevos impuestos, dicen los analistas del banco.
El incremento en el mercado mayorista de la luz "no debería tener un impacto significativo" porque sería de 2-3 euros por megavatio/hora de aquí a 2015. Muy inferior a los 7 euros que pronostica, por ejemplo, el banco suizo UBS.
Desde el punto de vista de la demanda, BBVA recuerda que los precios de la electricidad para los clientes domésticos e industriales ya están por encima de la media europea.
Respecto a los domésticos, recuerda que las fuertes subidas registradas desde 2008 han abierto ya una "enorme brecha" (cercana al 35%) con la media europea. Y considera que la perspectiva de una mayor liberalización en este segmento (el Gobierno planea restringir drásticamente la tarifa de último recurso, a la que están acogidos la mayoría de hogares) podría implicar "más competencia y, presumiblemente, márgenes más bajos" para las eléctricas.
En el caso de la industria y otros grandes clientes, recuerda que lo habitual es que firmen contratos bilaterales a largo plazo (de uno o dos años), lo que retrasaría la capacidad de las eléctricas para aplicar las subidas; subraya el mayor poder negociador de estos clientes y considera que, en la actual recesión, nuevas subidas “podrían empezar a erosionar la demanda” y propiciarían “incertidumbres sobre la producción industrial y la posibilidad de deslocalizaciones”. Recuerda el ejemplo de los carburantes, cuya demanda se presumía inelástica pese a las subidas de precios, y que registra actualmente el consumo más bajo desde 1997.
