La querella interpuesta por un ex empleado de Ineco contra la cúpula de AENA amenaza con abrir un nuevo frente en el gestor aeroportuario público. La denuncia ha sido admitida a trámite por un juez de Madrid, que ha procedido a imputar a cuatro altos cargos de la compañía, acusados de amparar un contrato de encomienda de servicios y sus respectivas prórrogas a Ineco para realizar servicios que tan sólo podía prestar AENA.
Pero la historia no termina ahí. En paralelo, el trabajador de Ineco que ha presentado la querella inició un proceso judicial por su despido de la ingeniería pública en el que, por el momento, ha tenido éxito. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictada a comienzos del pasado mes de septiembre, considera improcedente la decisión de Ineco y señala que el ex empleado debe ser readmitido de inmediato por la ingeniería pública.
Sin embargo, pese a que la compañía tiene pleno conocimiento de la sentencia del TSJM desde hace tres semanas no ha procedido aún a la readmisión del trabajador, cuyas denuncias afectan a cuatro altos cargos de AENA. Se trata de su director general, Javier Marín; el director financiero, Miguel Ángel Ávila; el jefe de gabinete del presidente, Pedro de Miguel; y el director de departamento, Miguel Ángel Monasterio.
Medida de presión
Fuentes conocedoras de la situación atribuyen esta situación a las medidas de presión que se están llevando a cabo para que el ex trabajador de Ineco retire la demanda contra los altos directivos de AENA.
Como informó en su día Vozpópuli (ver noticias relacionadas), AENA encomendó a Ineco varios contratos, a través de un procedimiento que no incluyó concurso público alguno, para prestar servicios que, en realidad, eran competencia exclusiva de la propia AENA.
Los hechos vienen avalados incluso por declaraciones judiciaes, como la de una empleada del gestor aeroportuario referida al expediente DAP 17/09 por el que se encomienda a la ingeniería pública una serie de tareas entre las que se encuentra la “identificación y análisis de discrepancias en las rotaciones de las aeronaves de las compañías aéreas con anterioridad a su ejecución (cruce de programaciones) y de los incumplimientos de slot autorizado”.
El testimonio ante el juez de la empleada dejó claro que “la detección y revisión del incumplimiento siempre lo hacía AENA”. El expediente en cuestión fue firmado por Pedro de Miguel, que por entonces ocupaba el cargo de jefe de gabinete del director general.
Acuerdo marco
Mientras, AENA atribuye el hecho de la no existencia de concurso público a la firma de un convenio marco con Ineco, el cual aseguraba la facturación de no menos de 70 millones de euros al año a la ingeniería pública, en cuyo consejo de administración figuran varios representantes de AENA ya que es su principal accionista.
La retribución del consejo de Ineco está relacionada con los resultados de la compañía.
