Iberdrola mantiene en barbecho uno de los mayores proyectos hidroeléctricos de Europa en los últimos 25 años, el complejo del Alto Támega, en el norte de Portugal, que la eléctrica se adjudicó en 2008 y cuyas obras deberían haber comenzado este año. Con una inversión prevista de unos 1.700 millones de euros y seis años de trabajos por delante (el complejo no estaría terminado hasta 2018, según el calendario inicial), el proyecto no arranca, confirman a este diario fuentes del Gobierno portugués.
La eléctrica niega que el proyecto esté paralizado, porque su construcción, de hecho, ni siquiera ha empezado. El proyecto, “sigue, pero va muy despacio”, según la empresa, que aduce razones burocráticas para el retraso: el megaproyecto todavía carece de algunos contratos de concesiones, como las licencias de evacuación de energía, que, aseguran fuentes de la compañía, el grupo prevé obtener antes de final de año.
Sin embargo, desde la Secretaría de Energía del Gobierno luso (dependiente del Ministerio de Economía portugués) insisten en que la gigantesca obra "tiene todo autorizado” y en que “es decisión de la empresa seguir con el proyecto". Iberdrola, por su parte, matiza que la administración competente en esta materia es la de Aguas, y no la de Energía.
Lisboa dice que "es decisión de la empresa seguir con el proyecto" y amenaza con "una alteración en las licencias"
Desde el Ministerio de Economía luso señalan que “si el proyecto no se concluye, no es un riesgo para nosotros desde el punto de vista de la seguridad energética”, dado que al sistema eléctrico portugués, como al español, le sobran actualmente megavatios (MW) por la caída de la demanda, fruto de la recesión que atraviesa el país. No obstante, si la obra no avanza, advierten, “tendrá que haber una decisión política”, que podría consistir en “una alteración en las licencias", indican, sin dar más detalles. Desde el Ejecutivo luso añaden que, en el sector energético de ese país, “todos los operadores están teniendo problemas de financiación” para llevar a cabo sus proyectos, un extremo que niega Iberdrola para esta infraestructura.
La eléctrica, que ante el oscuro panorama económico está priorizando sus inversiones y estudia vender activos para reducir su abultada deuda, se adjudicó el proyecto en 2008 mediante un concurso en el que se impuso a Energias de Portugal (EdP), antiguo monopolio luso, y Unión Fenosa. El complejo, que da derecho a Iberdrola a explotar la concesión durante 65 años, contempla la construcción de cuatro presas: dos de bombeo (de 900 MW) y otras dos de turbinación pura (234 MW), con una potencia instalada de más de 1.100 MW (equivalente a una central nuclear), suficiente para atender la demanda anual de aproximadamente un millón de personas.
El proyecto fue presentado en enero de 2009 en la localidad lusa de Chaves (al sur de la provincia gallega de Orense) en un acto al que acudieron el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, junto con buena parte de su equipo directivo, y el entonces primer ministro portugués, José Socrates, y dos de sus ministros, entre otras personalidades.
La troika ha dado su visto bueno a un recorte de costes eléctricos de 2.000 millones para eliminar el déficit de tarifa portugués
Desde entonces, las cosas han cambiado mucho en Portugal: el país tuvo que pedir en abril del año pasado un rescate de 75.000 millones de euros que precipitó la caída de Sócrates y que ha dejado al país a merced de los durísimos recortes decretados por la troika. En materia energética, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) han dado su visto bueno a un recorte de costes para los operadores eléctricos por importe de unos 2.000 millones de euros en ocho años, con el objetivo de reducir el déficit de tarifa de su sistema eléctrico, que en Portugal también existe, aunque no tiene la dimensión del español.
El futuro del Alto Támega es una de las cuestiones que tienen pendientes los Gobiernos español y portugués en materia energética, dada la integración de los mercados eléctricos de ambos países y la fuerte presencia de las empresas ibéricas a ambos lados de la frontera. La reforma energética que actualmente se tramita en el Congreso español es otro de los frentes abiertos, por el posible impacto del paquete fiscal que se empezará a aplicar, en principio, a partir de enero en España. La semana pasada estaba prevista una reunión entre los secretarios de Energía de España y Portugal que, finalmente, se ha pospuesto al próximo 18 de octubre, según fuentes del Gobierno luso.
