El pasado 29 de agosto, el Gobierno recibió en los juzgados norteamericanos un revés heredado y esperado. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de la segunda región de EE.UU. desestimó la demanda presentada en 2004 por el Reino de España contra la sociedad American Bureau of Shipping (ABS), empresa encargada de dar la certificación al 'Prestige', buque monocasco bajo bandera de Bahamas que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002 arrojando al mar unas 63.000 toneladas de crudo que anegaron de negro la costa gallega.
Esta sentencia sella definitivamente el caso legal, al venir a confirmar otra sentencia de la juez Swain que data de agosto de 2010. La justicia americana niega, por tanto, la razón a los sucesivos gobiernos españoles (del PSOE y el PP) que han pretendido mantener viva esta causa legal pese al conocimiento de las dificultades de ganarla, y que ha costado al contribuyente español más de 150 millones de euros en gastos judiciales, según varias fuentes de solvencia conocedoras del proceso. Desde Fomento no han contestado a los insistentes requerimientos de este periódico sobre lo que ha costado ni han querido dar explicaciones sobre el tema, alegando que fue la Abogacía del Estado quien inició el proceso legal contra ABS. Pero hay que tener en cuenta que ya con la llegada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes 'encontró' unas facturas correspondientes a este proceso judicial que por entonces (año 2005) ascendían a 30 millones de euros a cobrar por los abogados, los grandes 'beneficiados' de este caso.
La sentencia deja claro que no había relación contractual entre España y la empresa demandada
El Estado español demandó a ABS por la imposibilidad de obtener responsabilidades en otras jurisdicciones. Recordemos que el 'Prestige' estaba a nombre de una empresa fantasma radicada en Liberia aunque realmente actuaba para Grecia. La vista oral en la causa contra el capitán del barco, el heleno Apostolus Mangouras, se iniciará en Corcubión (La Coruña) el próximo 16 de octubre.
Una sentencia dura
El texto legal al que ha tenido acceso este periódico es claro y duro con el Gobierno español. España solicitaba unos 1.000 millones de indemnización a ABS, una compañía "contratada por los armadores para inspeccionar la naves y de esta forma asegurarse de su fortaleza estructural". Pero la sentencia niega la responsabilidad de ABS, así como que actuara de forma "imprudente", que era el argumento de la postura española. Recuerda que el Reino de España y ABS en ningún momento mantuvieron ninguna responsabilidad contractual, que la empresa americana sí mantenía, sin embargo, con el armador del barco.
La aventura legal americana tenía "poca base" y posibilidades de llegar a buen puerto, según los expertos
Fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que se ha hecho definitivo el fracaso del Estado español en su intento de enmendar el error que, aseguran, tuvo el propio Ministerio del Interior -dirigido en 2002 por Francisco Álvarez Cascos- al alejar el 'Prestige' de la costa española para posteriormente volverlo a acercar "por imperativo de Francia y Reino Unido". Estos sucesivos movimientos "destrozaron el barco y fueron responsable directo de la mayoría del derrame, que hubiera sido mucho menor de haberse abordado la crisis de otra manera", aseguran estas fuentes.
José Luis Goñi, fundador del despacho Goñi (especialista en derecho marítimo y que ha asesorado a ABS en España), no tiene claro si finalmente el Estado español deberá pagar las costas de esta última sentencia, ya que "en Estados Unidos suele decidirse quien paga las costas con posterioridad a darse la sentencia". El jurista sí que cree que la reclamación del Gobierno español "tenía muy poca base desde mi punto de vista", ya que quedaba bastante claro que "EEUU no tenía competencia" para enjuiciar este caso.
También el PSOE tiene que decir
Curiosamente, el caso 'Prestige' se inició siendo Rajoy ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Aznar y la aventura legal en Estados Unidos acaba con Rajoy como presidente. Pero, entre medias, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también ha tenido que ver, ya que la propia empresa ABS contactó con ellos para tratar de sellar de forma amistosa el litigio mediante una compensación económica, a lo que el Ejecutivo socialista se negó. El propio Goñi asegura que "el Gobierno español, sea del color que sea, es siempre contrario a cerrar los acuerdos de forma amistosa". Y en ocasiones, como esta, acaba provocando un gasto mucho mayor al contribuyente del que podía haberse producido.
