El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha declarado que si se demuestra que José Bretón es culpable, deberían caer sobre él "las penas más altas que recoge el código penal español, es decir, 40 años". En una entrevista concedida a ABC Punto Radio, Gallardón ha adelantado que su ministerio prepara una ambiciosa reforma del código penal, en la que se incluirá la pena de prisión permanente revisable, y que podría afectar a casos como el de José Bretón.
"Se establecerá un criterio en el que, una vez cumplida la pena, habrá que evaluar si esa persona sigue suponiendo un riesgo potencial para la sociedad". Aunque no se ha aventurado a adelantar a qué delitos afectará, sí ha reconocido que el delito de terrorismo estará incluido, aunque sin caracter retroactivo. "Iba en nuestro programa electoral y lo vamos a llevar a cabo".
Respecto a la polémica sobre la concesión de libertad condicional al etarra Bolinaga, el ministro Gallardón ha destacado que "la democracia no trata a los criminales, como los criminales tratan a la democracia". Asimismo, ha defendido la independencia del ministerio Fiscal y sus decisiones. "No ha habido cesión ante presión externa. Hacemos lo que estamos obligados a hacer", ha asegurado, al tiempo que admitía que, debe imperar la ley "aunque el corazón podría pedirnos otra cosa".
La reforma del Código Penal también recogerá aspectos como la revisión de la persecución a los pirómanos y la modificación de la ley procesal de los menores de edad, “para evitar que los mismos hechos se juzguen por órganos distintos en función de la edad de quienes los cometan”.
Ley del aborto y matrimonio homosexual
Alberto Ruiz Gallardón ha recalcado su intención de modificar la ley del aborto para hacer que pase de una “ley de plazos” a una “ley de supuestos”. “Una ley de plazos no cabe en nuestra Constitución. La ley Aído vulnera la Carta Magna porque niega cualquier derecho al concebido, simplemente por no haber cumplido ciertas semanas”, explica.
Respecto al recurso presentado al Tribunal Constitucional contra el matrimonio homosexual, Gallardón ha declarado que acatará lo que diga el intérprete supremo de la Constitución. “No quiero que se retire el recurso”. Por una parte, explica que acudir al Tribunal Constitucional “no debería dar miedo”, ya que sólo supervisa que las leyes se adecuen a la Constitución. Por otro lado, reconoce que el Gobierno no podría retirarlo aunque quisiera. “Nosotros no lo presentamos, fue el anterior grupo parlamentario popular y ya está disuelto”.
Politización de la justicia
Gallardón también se ha pronunciado sobre la bien conocida politización de la justicia en España. En referencia a la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el titular de Justicia ha defendido que “la dedicación a la política nunca debe suponer un impedimento para prestar un servicio público, incluida la jurisdicción constitucional”. Concretamente, se refería a la designación de Andrés Ollero, exdiputado del PP durante 17 años, como nuevo magistrado del Constitucional.
“Las personas deben ser juzgadas por lo que se comprometen a hacer, no tanto por lo que hayan hecho antes. Habremos aplicado mal la Constitución si los magistrados no son elegidos por sus méritos sino por su obediencia a un partido u otro”. En cualquier caso, Gallardón considera que al ser elegidos por las Cortes, estos magistrados "dejan de pertenecer a un partido concreto".
Por último, sobre la modificación de la ley electoral, el ministro Gallardón considera que se requiere el consenso del resto de partidos. "Hay leyes que un partido mayoritario no puede permitirse modificar sin el consenso, porque los ciudadanos podrían pensar que existen intereses partidistas".
