La Audiencia Nacional ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y sustituir el actual equipo gestor por un administrador, como pedían UPyD y el 15M para evitar una posible destrucción de pruebas.
En un auto conocido hoy, el juez Fernando Andreu, encargado del caso, considera innecesaria la salida de la actual administración de Bankia y BFA para evitar la continuación delictiva porque es "completamente distinta" a la que estaba al frente de la entidad cuando supuestamente se cometieron los hechos investigados.
Además, el juez señala que Bankia y BFA son entidades que ya están intervenidas "de facto" por el Estado, tras la entrada en su capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Al aceptar la querella la Audiencia imputó a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas y al exministro popular y consejero en la entidad Ángel Acebes
El auto subraya que la misión del juzgado es investigar los hechos denunciados y proteger, en la medida de lo posible, a los perjudicados, pero no "realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia" ni "generar confianza en los mercados", como han sugerido los querellantes. Así, considera que la intervención judicial no es un instrumento "adecuado" para proteger a los posibles perjudicados (trabajadores y acreedores), ya que su objetivo no es ni evitar la destrucción de pruebas ni garantizar las responsabilidades civiles como se había alegado.
Respecto a la actual dirección, el juez apunta que "ninguna de las personas físicas querelladas" se encuentra actualmente en la gestión de las entidades y, de hecho, no se ha aportado "indicio alguno" de que la actual dirección "pueda seguir cometiendo los hechos denunciados".
La decisión del juez coincide con la opinión de los 33 exdirectivos acusados y de la propia Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la intervención judicial de las entidades en la vista celebrada el pasado miércoles al considerarla "una temeridad" que pondría en riesgo al banco y al propio país.
Querella de UPyD y el 15M
El pasado mes de junio, UPyD presentó una querella de acción popular contra todos los consejeros de Bankia y BFA en el momento de la salida a bolsa de la primera, a la que posteriormente se sumó el movimiento 15M en representación de varios accionistas.
El juez Andreu admitió a trámite la querella, con lo que la Audiencia Nacional imputaba a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, al exministro popular y consejero en la entidad Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, BFA.
Todos ellos están acusados de delitos de falsificación de cuentas y balances, de administración desleal o fraudulenta, de maquinación para alterar el precio de las cosas y de apropiación indebida, unos cargos que, según el Código Penal, podrían suponer unas penas de prisión de entre uno y seis años.
Además, tanto UPyD como el 15M pedían como medida cautelar la intervención judicial de las entidades con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas, algo que ha sido rechazado ahora por la Audiencia Nacional.
UPyD recurrirá la resolución de la Audiencia Nacional
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, recurrirá en los próximos días la decisión de la Audiencia Nacional de no intervenir judicialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y de no sustituir a los actuales gestores de la entidad.
"Es una ingenuidad afirmar que el actual consejo de administración de la entidad es independiente del anterior", ha asegurado Díez en un comunicado en el que ha añadido que ellos son "los primeros interesados en que no se conozca la verdad".
UPyD ha solicitado esta intervención para proteger los intereses de los acreedores y de los trabajadores y agotará el procedimiento para conocer la verdad y no quedarse en la "apariencia de legalidad" como cree que ha hecho el juez Fernando Andreu en el auto conocido hoy.
"La resolución del juez adolece de un excesivo formalismo y da la batalla por perdida", ha recalcado Díez.
Ha insistido asimismo en que la única manera de evitar la eliminación de pruebas y proteger los intereses de los trabajadores, accionistas y acreedores de Bankia es a través de una intervención judicial de la entidad bancaria.
