Si ha habido un producto financiero que ha cambiado la relación entre clientes y banca ese es, sin duda, las participaciones preferentes. Estos híbridos entre acciones y renta fija, con carácter perpetuo, pueden convertirse en el producto que concentre una de las mayores demandas colectivas contra el sistema financiero en toda su historia. Para evitar una nueva línea de denuncias con el canje de las preferentes en acciones u otros elementos de deuda subordinada, la banca se ha blindado ante los clientes con interminables cláusulas en los nuevos contratos de conversión.
Todas las entidades financieras, que han suscrito el canje de sus preferentes, han buscado nuevas fórmulas en la redacción de sus contratos para eximirse de responsabilidades ante futuras reclamaciones. Además, la mayoría de bancos y cajas, según diferentes contratos de conversión a los que ha tenido acceso Vozpópuli, inciden en dos de los puntos que han suscitado más críticas por parte de los tenedores de preferentes: la transparencia de la información y la mejora de los mecanismos de evaluación sobre los conocimientos financieros de cada cliente.
Expresiones como "el banco no se responsabiliza de la pérdida de valor con el canje del producto...", "el cliente entiende y acepta las consecuencias derivadas de la operación...", "el banco no insta a sus clientes a realizar la operación..." son común denominador en la mayoría de los nuevos contratos que han suscrito las entidades con los clientes que han decidido por transformar sus preferentes en otros instrumentos, la mayoría de ellos acciones. Todas las entidades ofertan la misma fórmula para el cambio. El pago de un interesante cupón semestral o anual de una media del 7%, en función de la entidades, hasta la conversión o recuperación de la inversión en un plazo que ronda desde el año y medio hasta los cuatro.
"La banca no podía volver a incidir en los mismos errores ante sus clientes. Hay que intentar recuperar la confianza de los clientes en el proceso de canje", asumen desde un gran banco. Buena parte de las entidades han modificado los test de conocimientos financieros que realizan a sus clientes para adecuarlos a la singularidad de este producto. "Se han simplificado para reevaluar el perfil financiero de cada cliente y darle cuanta información haya sido necesaria para que pudiera tomar su decisión con plenas garantías", explican desde otra entidad sistémica.
También se incide en los riesgos de aceptar o no la conversión de las preferentes. "La banca ha hecho un auténtico de ejercicio de autocrítica en los nuevos contratos", reflexionan desde un bufete de abogados que ha asesorado a varias entidades en este proceso. A diferencia de la comercialización inicial, allá por 2008 y 2009, cuando desde las entidades se incitaba a la compra de preferentes convirtiéndose en el producto estrella en las sucursales, ahora determinadas entidades califican el canje como "una operación no recomendada de forma personalizada por el banco".
"El banco manifiesta al cliente que en el proceso de contratación de este producto no le ha prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversión y que, por consiguiente, no ha emitido ninguna recomendación personalizada en base al conjunto de su situación patrimonial con respecto al producto al que se refiere el presente contrato ni se le ha presentado como idóneo para su perfil, lo que el cliente reconoce y acepta", se lee hasta en cuatro contratos de diferentes entidades.
A pesar de esta no recomendación escrita, los procesos de canje están siendo todo un éxito para la banca que cambian las preferentes en su poder por acciones o bonos convertibles o recompran sus títulos de deuda subordinada. Esta actuación, muy beneficiosa para las entidades al permitirles transformar en capital básico unos recursos que han dejado de serlo, no lo es tanto para los usuarios, pues los precios y las opciones de canje pueden no resultar los más beneficiosos para sus intereses.
Según datos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) hay un millón de familias afectadas y hasta 30.000 millones de euros comprometidos en preferentes. El gancho de este producto era la elevada rentabilidad del cupón que ofrecían (medias del 8% anual), condicionado a los beneficios de la entidad. Como contrapartida, las preferentes no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que en caso de quiebra del banco, se perdería la inversión; pueden no pagar intereses en un año, si la empresa no ha tenido beneficios ni ha pagado dividendos, y se podían vender en un mercado secundario, pero al precio que dicte su cotización y sin garantías de colocación segura. Su carácter perpetuo lo constatan algunas emisiones de la CAM que vencen el 16 de diciembre del año 3.000.
Además, el nuevo decreto de reforma financiera habilita a las entidades a retrasar doce meses el pago de los próximos cupones, si con motivo del plan de saneamiento de sus activos inmobiliarios, las entidades creen que incurrirán en pérdidas.
