Fuerte temor de Acciona, ACS, Abengoa y Sacyr, y un puñado de empresas internacionales, todas con inversiones en energía termosolar, a que el PP ejecute en breve un recorte en las primas que reciben, similar al que hizo el ex ministro Miguel Sebastián (PSOE) con la fotovoltaica. Los fondos internacionales y las empresas energéticas de capital extranjero, dueñas de un tercio de los megavatios termosolares en España, han empezado a solicitar a sus embajadas que hagan lobby contra cualquier medida que ponga en riesgo sus inversiones dentro de la reforma energética que prepara el ministro de Industria, José Manuel Soria, según explican a Vozpópuli fuentes conocedoras. La publicación el pasado viernes del informe no vinculante de la CNE para la reforma energética ha hecho sonar las alarmas. En el sector energético temen que Industria pueda acelerar la reforma ante la incertidumbre que se ha trasladado a los mercados y todos los sectores han vuelto a salir en defensa de sus intereses con más fuerza que nunca.

Estos fondos y compañías energéticas termosolares temen que en cuestión de días Soria aplique fuertes recortes y pongan en riesgo sus inversiones de más de 13.000 millones de euros. Además, los bancos internacionales -fundamentalmente alemanes y franceses- que están financiando estos proyectos, un tercio de la inversión, también están tomando cartas en el asunto. Así compañías de capital americano (FTL), alemán (E.ON), francés, británico y suizo se apoyarán en el poder diplomático, como hicieron los fotovoltaicos en 2009. De hecho ya están trabajando con sus respectivas embajadas para que éstas expliquen por carta al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los ministros de Industria y Economía o a la Oficina Económica del Gobierno, los perjuicios para la industria y para sus inversiones. Además, proponen negociar un marco menos dañino que el que propone el regulador energético. La moratoria renovable de enero no despertó casi reacciones negativas en el sector, pero ahora, ante un recorte de primas sobre los megavatios construidos están volcando toda su fuerza. 

En España existen 60 plantas termosolares y cuenta con un marco regulatorio que salió reforzado del anterior Gobierno. Sebastián no recortó las horas de funcionamiento, como se temía entonces, y ahora Soria podría recortar primas de las plantas construídas o en construcción, podría recortar la actualización anual de su remuneración, temen que se reduzca el uso del gas, etc.

En la etapa de Miguel Sebastián, se movilizaron los fondos fotovoltaicos contra los recortes retroactivos. También lo hicieron a través de sus embajadas, pero al final, se pusieron en manos del bufete Allen&Overy y bajo el amparo del Tratado de la Carta de a Energía –protege las inversiones transfronterizas en el sector energético-  están reclamando unos 600 millones de euros ante la corte internacional de Londres. 

Acciona, Abengoa, ACS...

La patronal española termosolar, que agrupa a todas las empresas grandes con esta tecnología, también está luchando por frenar estas medidas, aunque sus representantes aún no han conseguido reunirse con Soria. La modificación que propone la CNE sobre la retribución afecta a los Mw en preasignación pero sin acta definitiva de puesta en servicio. La compañía española más afectada sería Abengoa, que posee 250 Mw en construcción y 100 Mw en desarrollo. Las medidas de la CNE tendrían un impacto negativo del 22% en su Ebtida Solar y del 4% en el grupo en el periodo 2013-2016, teniendo en cuenta la laminación de las primas y por la reducción del combustible fósil de apoyo primario en un 3%, según los cálculos de Sabadell.

Por su parte, Acciona tiene 50 Mw pendientes de instalar en 2012, sobre un total de 1.600 Mw en España en esas condiciones. Por su parte, ACS se ve afectada por la parte de termosolar (lo más negativo vendría por la incertidumbre regulatoria de cara a posibles compradores de su negocio de renovables) y por el proyecto de almacenamiento de gas natural Castor (junto con el de Yela y Marismas supone una inversión de 2.006 millones de euros), en el que se proponer alargar el plazo de amortización de 10 a 20 años.