La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto un plazo de diez días para que las partes de la causa de 'los ERE' formulen alegaciones, con relación a la petición de Manos Limpias de que antes de emitir las nuevas sentencias que ha ordenado el Tribunal Constitucional (TC) tras anular las condenas de diez de los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados por el órgano provincial sea planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una "cuestión prejudicial interpretativa" sobre si la sentencia del Constitucional es "compatible" con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que declara que los Estados miembro "combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión".

Manos Limpias señala, según recogen medios andaluces, que "nueve de los magistrados que dictaron la sentencia tenían una vinculación con el legislativo o el ejecutivo español y cinco de ellos, en concreto Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán Huertas, Juan Carlos Campo Moreno, Laura Díez Bueso y María Luisa Balaguer Callejón, presentaban vínculos directos con el PSOE, al que pertenecían muchos de los condenados, entre ellos Magdalena Álvarez. El Tribunal no cumplía las garantías de independencia e imparcialidad exigidas".

La sentencia, según la asociación, supone "un riesgo de impunidad respecto de los afectados, que genera una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financieros de la Unión entre los Estados miembro".

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