La Fiscalía Europea ha puesto en su punto de mira la gestión de los centros de menores no acompañados (menas) en las Islas Canarias durante la etapa de gobierno autonómico del hoy ministro socialista Ángel Víctor Torres, en que las competencias de inmigración eran responsabilidad de Podemos, socio de coalición del PSOE en el Ejecutivo insular.
La implicación del Ministerio Público de la UE en la investigación se produce a instancias de las autoridades judiciales de Las Palmas, que, a finales del pasado agosto, dictaron una resolución en la que se denuncia la gestión de la exconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias Noemí Santana, hoy diputada en el Congreso en representación de Podemos.
También es objeto de las pesquisas judiciales la Fundación Respuesta Social XII de Madrid, proveedor de los centros de menas, entre ellos el dirigido en aquel momento por la entonces gerente de Vox en Las Palmas, María de los Ángeles Barroso, también investigada.
Según la investigación, Santana firmó en un documento oficial que esta ONG ofreció un servicio "a entera satisfacción de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia". La Fundación pasó gastos reembolsables a la Administración como los 1.500 kilómetros diarios consignados en combustible en la isla de Gran Canaria, la misma distancia que hay entre el archipiélago y Madrid; además, presuntamente compró frutas para los centros por valor de 104.275 euros a un familiar del director de uno de los centros de menas y autorizó que se extrajera en efectivo 1,6 millones de euros en cajeros automáticos, hecho que llevó a la entidad bancaria que operaba con la ONG a poner estos reintegros en conocimiento del Banco de España, de la Policía Nacional y de la propia Fiscalía Anticorrupción, que se hizo cargo del proceso.
Gastos en kilometraje
En 2023 Fundación Respuesta Social Siglo XXI adujo que "ha sido parte activa y colaboradora/cooperante" en el caso que se investiga en Las Palmas desde enero de 2022 , fecha desde la que "no sólo ha respondido a los requerimientos y oficios remitidos" con "justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas por la Fundación a los directores de los centros de menores". Son los 170 menores del centro Portobello del sur de Gran Canaria cuando vino durante el Covid19 una tromba de migrantes irregulares al puerto de Arguineguín.
Barroso, siendo cargo orgánico de Vox en Las Palmas, era de la confianza de Podemos en Canarias por su semblanza profesional y dirigió al menos dos centros de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en Gran Canaria. Durante ese tiempo, la Policía intervino en ellos al detectar a varios menas que empleaban las redes para hacer apología de la violencia yihadista en España.
Esta ONG ingresó entre 2020 y 2023 una cantidad de 12,5 millones de euros y, según la Fiscalía, "el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado".
Según el Ministerio Fiscal, existe además "una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos".
El diario 'Canarias 7' ha desvelado que el magistrado que investiga en Las Palmas a empleados de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha apelado a la intervención de la Fiscalía Europea dado que parte del dinero presuntamente malversado procede de fondos europeo, en este caso 1,9 millones con cargo al instrumento europeo al mecanismo de recuperación 'Next Generation'.
Cuatro causas arrastradas de la etapa de Torres
De esta forma, en Canarias ya hay cuatro asuntos de la época de Torres en manos de la Fiscalía Europea: una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias para el suministro de productos con empresas del llamado 'caso Mascarillas'; la rama insular del 'caso Koldo'; el 'caso Tito Berni' y, ahora, el caso de los menas, sin nombre de momento. A estos hay que añadir otro en Las Palmas con el transporte público que salpica a financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), actualmente está en fase de instrucción. Según Canarias 7, en un auto del pasado 30 de agosto, el juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, notificó a las partes que se inhibió en favor de la Fiscalía Europea.
Respecto a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, no solo se investiga a la entidad, sino también a algunos de sus empleados: María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy. Las autoridades judiciales presentaron un escrito en Gobierno de Canarias cuando gobernaban PSOE y Podemos por un pago a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI de más 958.913 euros por "el alquiler de dos de los centros que gestiona en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023". Es uno de los aspectos investigados en la causa, que tiene su origen en la querella interpuesta en mayo de 2023 por Javier Ródenas, delegado en Canarias de la Fiscalía Anticorrupción.
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